La Contraloría General de la República ha evidenciado graves vacíos normativos y debilidades en las medidas cautelares aplicadas por la Superintendencia del Subsidio Familiar, conocida como Supersubsidio, a las cajas de compensación familiar en Colombia. De las 42 cajas existentes, 13 permanecerán bajo intervención en 2026, lo que compromete la entrega de subsidios familiares en dinero, especie o servicios a nivel nacional, afectando todas las regiones del país donde al menos una caja por zona está intervenida. Este hallazgo surge de un estudio sectorial que evaluó la eficacia de 24 medidas cautelares implementadas entre 2019 y 2023, durante una auditoría realizada en 2025, destacando fallas en vigilancia especial en dos casos, intervención administrativa parcial en otros dos y total en nueve.
David Steven Fernández, delegado para el sector Trabajo de la Contraloría, y Sandra Viviana Cadena, superintendente del Subsidio Familiar, han sido figuras clave en este análisis que revela que solo nueve de las 24 medidas fueron satisfactorias, mientras que 13 no lo fueron, representando el 54 por ciento de fracaso, y dos resultaron atípicas con un 8 por ciento. La principal causa radica en la crisis financiera de las cajas, impulsada por programas de salud, insuficiencia de recursos, restricciones legales en fondos parafiscales y deficiencias en el gobierno corporativo, lo que genera riesgos para la transparencia y sostenibilidad del sistema de subsidio familiar.
Debilidades normativas y llamados a la acción
La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-298 del 3 de julio de 2025, declaró la inconstitucionalidad diferida del régimen sancionatorio actual y ordenó al Congreso un nuevo marco legal antes del 21 de junio de 2027. Las medidas cautelares carecen de límites temporales claros, lo que ha permitido prolongaciones indefinidas durante años, sin definir con precisión causales, criterios, procedimientos ni duración, fomentando discrecionalidad excesiva en la Supersubsidio y prácticas desiguales entre cajas.
“las medidas cautelares carecen de límite temporal establecido, lo que ha permitido que algunas se prolonguen durante varios años. El marco legal actual no define con claridad las causales, los criterios, los procedimientos ni la duración de las intervenciones. Esto genera riesgos de discrecionalidad excesiva para la Supersubsidio y puede provocar prácticas desiguales entre las cajas”
Contraloría General de la República
La Contraloría confirma la persistencia de desafíos normativos y procedimentales en su auditoría de 2025 y anuncia que continuará el monitoreo junto con un nuevo análisis sobre el impacto de la sentencia constitucional, subrayando que en toda región del país existe al menos una caja bajo medidas de intervención.
“Las medidas cautelares, recordemos que son esas medidas que toma la Superintendencia de Subsidio para intervenir las cajas de compensación en el país. En ese momento nos encontramos como ejes importantes que en toda la región existe una caja con medidas de intervención”
David Steven Fernández, delegado para el sector Trabajo de la Contraloría
Este panorama exige una reforma urgente para fortalecer la gestión de las cajas de compensación y garantizar la continuidad de los subsidios familiares, evitando mayores perjuicios a los beneficiarios en Colombia.
