Fredy Alexánder Ayala Santamaría, un estudiante de derecho de 29 años y propietario de una flotilla de al menos 30 taxis matriculados en Bogotá con una inversión que supera los 800 millones de pesos, negó cualquier vinculación con el asesinato del profesor Neil Cubides en enero de 2026 y el secuestro de Diana Ospina en febrero de este año, ambos ocurridos en la capital del país. Ayala, quien adquiere vehículos usados por entre 30 y 50 millones de pesos más matrícula y cupo para alquilarlos mediante contratos legales a conductores externos, insistió en que desconoce el uso que les dan los arrendatarios.
En el marco de la investigación, los hermanos Juan Pablo Gómez Cardozo, conocido como Pablito, y Diego Armando Gómez Cardozo, alias Pachanga, fueron imputados por secuestro extorsivo agravado y hurto calificado agravado, cargos que aceptaron durante las audiencias. Pablito fungía como conductor de uno de los taxis de la flotilla de Ayala, mientras que Pachanga participó directamente en la agresión a Ospina. Los vehículos de Ayala fueron identificados como los utilizados en estos graves delitos, lo que ha puesto bajo escrutinio su operación, aunque el control operativo diario está a cargo de su padre.
Negación total de responsabilidades
Ayala, quien no presenta antecedentes judiciales ni vínculos directos con autoridades en estos hechos, enfatizó que ni la Policía ni la Fiscalía lo han contactado para interrogatorios relacionados con los crímenes. La Fiscalía, por su parte, explora la posible implicación de una mujer allegada a Ayala, titular de otro taxi involucrado en los hechos, mientras la investigación permanece abierta.
“No conozco mucho ese caso —del crimen de Neil Cubides— y medio tengo información de eso. A mí no me ha llamado ni la Policía ni la Fiscalía para decirme o preguntarme nada sobre ese tema”
Fredy Alexánder Ayala Santamaría, propietario de taxis
“Nosotros le damos trabajo a la gente y no sabemos para qué van a utilizar finalmente los vehículos. No es la primera vez que nos pasa algo así; dimos con las personas equivocadas”
Fredy Alexánder Ayala Santamaría, propietario de taxis
El propietario justificó su limitada información al priorizar la terminación de sus estudios de derecho, declarando que su función no es indagar en las actividades de los arrendatarios. Este caso resalta los riesgos en el sector de transporte público en Bogotá, donde vehículos legales terminan facilitando delitos sin aparente conocimiento de sus dueños.
