El gobierno del presidente Gustavo Petro oficializó mediante el Decreto 0297 del 25 de marzo de 2026 un incremento salarial del 7% para los ministros y más de 1,3 millones de empleados públicos a nivel nacional en Colombia, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026. Esta medida, que forma parte de un paquete normativo compuesto por 22 decretos, fija el salario de los ministros en 30.700.000 pesos, distribuidos en una asignación básica de 8,4 millones, gastos de representación por 14,9 millones y prima de dirección de 7,3 millones, correspondiente a cargos de libre nombramiento y remoción.
El aumento beneficia a una amplia gama de funcionarios, incluyendo viceministros y negociadores internacionales con un salario de 17.060.000 pesos, expertos de la comisión reguladora en 23,3 millones, el director de la agencia de hidrocarburos en 34,2 millones y su subdirector en 29,7 millones, el superintendente financiero en 19,8 millones, así como el director de la UGPP en 39,4 millones. Esta decisión responde a acuerdos alcanzados en la Mesa de Negociación del Sector Público, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo ante un IPC del 5,1% más un 1,9% resultado de la negociación colectiva, y se financiará con recursos previstos en el Presupuesto General de la Nación para 2026, cubriendo los pagos retroactivos de enero, febrero y la fracción de marzo en las próximas nóminas.
Amplio impacto en el sector público
La medida abarca no solo a la alta gerencia, sino también a docentes del magisterio, personal de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público y entidades descentralizadas, consolidando así un ajuste salarial integral para el aparato estatal. En paralelo, el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente para 2026 se establece en 2.000.000 pesos, incluyendo el auxilio de transporte, lo que representa un incremento del 23% respecto al año anterior.
Este decreto representa un paso clave en la concertación con los sindicatos del sector público, asegurando estabilidad laboral y respuesta a las demandas inflacionarias, en un contexto de ajustes presupuestales que priorizan la equidad y el reconocimiento al servicio público en todo el territorio nacional.
