La Fiscalía General de la Nación suspendió este martes 31 de marzo de 2026 un total de 23 órdenes de captura contra líderes de estructuras criminales en Medellín, como La Oficina y diversas redes delincuenciales del Valle de Aburrá, a solicitud del Gobierno nacional desde la Casa de Nariño. Esta medida forma parte de la fase exploratoria de las negociaciones de “paz urbana”, orientadas a la desarticulación de organizaciones armadas y la transformación de economías ilícitas. Como resultado inmediato, siete cabecillas recuperaron su libertad tras salir de la cárcel La Paz de Itagüí, entre ellos Gustavo Adolfo Pérez Peña, conocido como alias El Montañero; Albert Antonio Henao Acevedo, alias Alber; Andrés D’maría Oliveros Correa, alias Mundo Malo; Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente; Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias El Abogado; Fredy Alexánder Henao Arias, alias Naranjo; y Rodrigo Henao Acevedo, alias Perica.
La decisión, plasmada en la Resolución 0072 de 2026 emitida por la Fiscalía, beneficia a negociadores principales, suplentes y miembros estratégicos de estas redes en el Valle de Aburrá, incluyendo figuras como José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas; Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre; Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; y Sebastián Murillo Echeverri, alias Lindolfo; así como Walter Alonso Román Jiménez, alias El Tigre. La suspensión tiene una duración inicial de seis meses, prorrogable según el avance de las conversaciones sociojurídicas que se desarrollan en una mesa de exploración con voceros de estas estructuras, precisamente en la cárcel La Paz de Itagüí.
Contexto de las negociaciones y revelaciones periodísticas
El proceso, revelado por Caracol Radio y El Colombiano, se enmarca en esfuerzos por lograr una “paz urbana” en Medellín, aunque genera controversia al carecer de un marco jurídico validado por el Congreso de la República, coincidiendo además con el desarrollo de la campaña presidencial en Colombia. Fuentes indican que existe la posibilidad de extender este proyecto a otras prisiones del país, ampliando el alcance de las suspensiones para más líderes involucrados en dinámicas similares.
Esta suspensión de órdenes de captura representa un paso inédito en las estrategias gubernamentales contra el crimen organizado en el Valle de Aburrá, con el objetivo de facilitar diálogos que podrían transformar las economías ilícitas en iniciativas legales, aunque observadores advierten sobre los riesgos de impunidad sin un respaldo legislativo sólido. La Fiscalía y el Gobierno nacional mantienen el proceso bajo estricta confidencialidad, priorizando la fase exploratoria antes de avanzar a etapas formales.
