Un juez penal de conocimiento impuso una condena de 25 años y 5 meses de prisión a Libar Ropero Mandón, un exdocente con títulos en Ciencias Religiosas y Ética, por los delitos de acceso carnal violento con menor de 14 años y acto sexual con menor de 14 años, ambos agravados.
Los abusos ocurrieron entre 2016 y 2018 en un colegio ubicado en la vereda Nueva Granada de Puerto Asís, en el departamento de Putumayo, donde el condenado aprovechaba momentos en que quedaba a solas con las estudiantes para realizar tocamientos sexuales, al tiempo que las amenazaba con bajarles las calificaciones si revelaban lo sucedido, amparado en su posición de autoridad para intimidar y silenciar a las víctimas.
Las víctimas fueron 12 niñas de entre 6 y 12 años de preescolar y primaria, cuyas denuncias permitieron que la Fiscalía demostrara la responsabilidad de Ropero Mandón mediante pruebas contundentes, con el apoyo de una funcionaria del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Putumayo. Cabe destacar que el condenado ya se encontraba privado de la libertad cumpliendo una pena previa de 17 años por hechos similares, de la cual se fugó tras las primeras denuncias, lo que lo llevó a ser incluido en la lista de los más buscados de Putumayo; esta nueva sentencia incrementa la pena total por las condenas sucesivas.
Otro caso de abuso en el Amazonas
En un contexto similar de vulneración en entornos educativos, Carlos Alberto López Simonds, profesor de primaria en Leticia, Amazonas, fue imputado por actos sexuales con menor de 14 años agravados contra cuatro niñas y un niño de entre 6 y 9 años, ocurridos en septiembre y octubre. López Simonds fue capturado tras denuncias surgidas durante una jornada escolar de prevención de delitos sexuales, no aceptó los cargos y permanece en un centro carcelario por orden de un juez de control de garantías.
Estos casos subrayan la importancia de la vigilancia y las campañas preventivas en las instituciones educativas para proteger a los menores, en regiones como Putumayo y Amazonas donde tales abusos han generado alarma social y judicial.
