La ministra encargada de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez, negó categóricamente cualquier retaliación política en el nuevo proceso sancionatorio iniciado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) contra el proyecto Hidroituango, ubicado en el departamento de Antioquia. Vélez enfatizó que esta indagación preliminar se basa exclusivamente en criterios técnicos de control ambiental, respondiendo a cuestionamientos sobre posibles motivaciones personales.
El procedimiento, que responde a la función de control ambiental de la ANLA, incluye etapas formales como la apertura de la indagación, la formulación de cargos, un periodo probatorio y, finalmente, la decisión de fondo. Estos procesos sancionatorios, que pueden extenderse durante años, se ejecutan mediante mecanismos normativos y bajo la supervisión de equipos técnicos especializados, garantizando sanciones y controles adecuados sin apresuramientos.
Desmentido de retaliaciones y énfasis en lo técnico
Las declaraciones de la ministra Vélez surgieron ante las dudas sobre si este nuevo proceso contra la central eléctrica Hidroituango representaba una represalia política. En entrevista con Caracol Radio, aclaró que no se trata de una decisión impulsiva, sino de un trámite largo y riguroso que obedece estrictamente a la normativa ambiental.
“Este no es un tema personal (…) no se puede considerar una retaliación, sino que es un proceso de investigación que responde a la función de control ambiental”
Irene Vélez, ministra encargada de Ambiente y Desarrollo Sostenible
“El proceso sancionatorio es largo… no es una cosa que uno de la noche a la mañana decide hacer”
Irene Vélez, ministra encargada de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Con esta explicación, la ANLA refuerza su rol en la supervisión de megaproyectos como Hidroituango, priorizando la protección ambiental mediante determinaciones técnicas imparciales, alejadas de cualquier injerencia política.
