Sacerdotes de zonas rurales en Colombia, particularmente en regiones como Cauca, Jamundí, norte del Cauca, Chocó, Caquetá, Putumayo y Antioquia, han denunciado en las últimas semanas presiones crecientes de grupos armados ilegales, entre ellos disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo y el frente Jaime Martínez, para que actúen como intermediarios en el cobro de dinero a las comunidades, transmitan instrucciones y promuevan movilizaciones o asonadas contra la fuerza pública. Estas demandas buscan consolidar el control territorial en áreas donde la presencia estatal es limitada, exponiendo a los religiosos a un dilema entre la pastoral y la coerción armada.
Los sacerdotes relatan que los grupos entregan listas detalladas con montos de dinero a recaudar, instrucciones específicas y mensajes que deben transmitir desde el púlpito, a menudo de manera indirecta para evitar confrontaciones directas. En algunos casos, se les exige mediar en conflictos locales o organizar protestas contra el Ejército, bajo amenaza de ser señalados como colaboradores si se niegan, o expuestos ante las autoridades si acceden, quedando atrapados en medio de dos fuegos. Testimonios recogidos por la Revista Semana evidencian este riesgo creciente, mientras la Conferencia Episcopal ha advertido sobre las amenazas que enfrentan los curas en estas zonas.
Presiones desde el púlpito y restricciones a la labor pastoral
En medio de estas dinámicas, los sacerdotes enfrentan restricciones severas a su labor religiosa, como horarios y rutas impuestos para sus actividades, así como la necesidad de obtener autorizaciones previas en lugares como Antioquia. Las medidas de protección ofrecidas por el Estado han sido consideradas insuficientes por los afectados, quienes destacan que en muchos sitios la Iglesia representa la única institucionalidad presente, convirtiéndola en un blanco inevitable para los grupos armados.
«Nos dicen que ayudemos a ‘organizar’ a la comunidad. Pero eso significa cobrar plata»
Sacerdote en zona rural entre Jamundí y norte del Cauca
«Nos entregan listas, montos, instrucciones. Nos dicen que hay que colaborar con la ‘causa’. Pero eso no es pastoral, eso es presión»
Sacerdote del norte del Cauca
«Nos han pedido que desde el púlpito hagamos llamados a la comunidad. No lo dicen como orden directa, pero uno entiende. Que la gente salga a protestar, que se movilice contra el Ejército»
Sacerdote de Jamundí y norte del Cauca
A pesar de las adversidades, los párrocos insisten en su compromiso con las comunidades, afirmando que no pueden abandonar a la gente en medio de este vacío institucional. «Si uno no colabora, lo señalan. Si colabora, queda expuesto ante el Estado. Es quedar en medio de dos fuegos», resume un párroco, mientras otro del Pacífico advierte: «Hay lugares donde la única institucionalidad es la Iglesia. Y eso nos convierte en blanco». Finalmente, un párroco concluye con determinación: «Nos toca seguir. No podemos abandonar a la gente». Esta situación subraya la vulnerabilidad de la Iglesia en el conflicto armado y urge una mayor acción estatal para proteger a estos líderes espirituales en las periferias del país.
