El Consejo Gremial Nacional emitió una alerta urgente sobre el Decreto 0415 de 2026, que ordena el traslado de 25 billones de pesos desde fondos privados de pensiones hacia Colpensiones, poniendo en grave riesgo el ahorro pensional de millones de afiliados en Colombia. Esta medida presidencial, que afecta directamente al sistema pensional del país, implica el movimiento de recursos que corresponden en un 80 por ciento a afiliados que aún no han consolidado su derecho a la pensión y en un 20 por ciento a aquellos que sí lo han hecho, generando preocupación por la sostenibilidad y la confianza en el modelo actual.
El gremio empresarial cuestiona la legalidad del decreto, argumentando que contradice normativas vigentes como la Ley 2381 de 2024, la cual se encuentra suspendida, y las restricciones que impiden traslados forzosos cuando a los afiliados les faltan menos de diez años para pensionarse. Según el Consejo, estos recursos deben permanecer en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hasta que se consolide el derecho pensional de cada cotizante, evitando así intervenciones que desestabilicen el sistema.
Riesgos legales y llamado a instituciones de control
El debate sobre la reforma pensional se ha convertido en un eje central de la agenda económica colombiana, y este decreto podría desencadenar choques jurídicos de gran magnitud. El Consejo Gremial Nacional insta al Consejo de Estado, la Contraloría, la Procuraduría y las cortes competentes a evaluar de inmediato la medida y proceder a su suspensión, destacando el impacto negativo en la confianza del sistema y su sostenibilidad a largo plazo.
«Esta contradicción taxativa de la ley aplica para el 80 % de los recursos que pertenecen a afiliados que no han consolidado el derecho a la pensión».
Consejo Gremial Nacional
«El decreto desconoce garantías legales sobre la administración de los recursos».
Consejo Gremial Nacional
Esta situación pone en jaque la estabilidad financiera de los ahorros de los colombianos, subrayando la necesidad de un equilibrio entre las políticas públicas y el respeto a los derechos adquiridos en el sistema pensional privado, en un contexto donde la reforma sigue siendo uno de los temas más controvertidos del gobierno actual.
