El Consejo de Estado, en su Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, admitió la demanda de nulidad presentada por la Fundación para el Estado de Derecho contra el Decreto 1091 de 2025 expedido por el presidente Gustavo Petro y el Ministerio de Minas y Energía el pasado 16 de octubre. Esta norma establece lineamientos para la contratación a largo plazo de proyectos eléctricos y ha sido cuestionada por presunta invasión de competencias de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). El alto tribunal negó la medida cautelar de urgencia solicitada, pero ordenó tramitar la solicitud de suspensión provisional de los efectos del decreto mientras se resuelve el fondo del asunto.
La decisión se tomó tras verificar los requisitos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, notificando a los demandados, entre ellos el presidente de la República, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para que presenten sus contestaciones y pruebas. La demanda argumenta que el decreto excede las competencias del Gobierno al modificar el mercado mayorista de energía, imponer obligaciones y subordinar la autonomía de la Creg, afectando la libre competencia con restricciones por tecnologías y territorios.
Argumentos y contexto del decreto
El Decreto 1091 de 2025 introduce cambios significativos en el mercado mayorista de energía, incluyendo nuevas reglas operativas y plazos para que la Creg emita regulaciones complementarias, cuyos efectos dependerán de estas futuras disposiciones. La Fundación para el Estado de Derecho sostiene que el Gobierno se sustituyó indebidamente a dicho regulador, lo que podría abrir la puerta a la suspensión provisional del decreto durante el proceso judicial.
“se sustituyó indebidamente a dicho regulador”
Fundación para el Estado de Derecho, demandante
La negación de la medida cautelar de urgencia se fundamentó en la falta de efectos inmediatos verificables y la necesidad de estudios económicos más profundos. Ahora, el proceso continúa con la participación activa de todas las partes involucradas, lo que podría tener implicaciones importantes para el sector energético en Colombia mientras se define si el decreto invade o no las funciones de la Creg.
