La Corte Suprema de Justicia de Colombia programó para el próximo miércoles 29 de abril de 2026, a las 8:15 de la mañana, en la Sala de Primera Instancia, la audiencia pública de formulación de acusación contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, por presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El magistrado ponente Jorge Emilio Caldas Vera liderará el proceso, que surge tras la radicación de la acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación el 7 de abril, y un auto del 8 de abril que fijó la fecha y asignó al ponente. Los cargos que se formalizarán incluyen concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.
Estas imputaciones se enmarcan en una investigación que abarca desde mayo de 2023 hasta mediados de 2024, y que revela presuntas manipulaciones en la contratación pública de la Ungrd con el fin de obtener apoyos legislativos para asegurar mayorías parlamentarias. Los tres contratos bajo escrutinio, por un monto total de 86.619 millones de pesos y destinados a Saravena en Arauca, Cotorra en Córdoba y El Salado en Carmen de Bolívar, no llegaron a adjudicarse, pero congresistas como Wadith Alberto Manzur, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrid Manrique Olarte, Juan Diego Muñoz Cabrera, Liliana Ester Vitar Castilla y Juan Pablo Gallo Maya aprobaron 17 notas de crédito relacionadas. Olmedo López, director de la Ungrd en ese entonces, también es mencionado en la solicitud de estos contratos.
Contexto de la investigación y otros implicados
El avance del caso llega después de que la Fiscalía imputara cargos a los involucrados, con Ricardo Bonilla quien había estado recluido desde diciembre de 2025 y fue liberado el 7 de marzo de 2026 por exceso de plazo en la formulación de la acusación. Otros figuras políticas permanecen privadas de la libertad, como el expresidente del Senado Iván Name, el expresidente de la Cámara Andrés Calle y la exalta consejera para las regiones Sandra Ortiz, todos señalados en el mismo esquema de direccionamiento de contratos para fines políticos.
En caso de ser condenados, Bonilla y Velasco podrían enfrentar penas de más de 12 o 15 años de prisión, junto con multas que ascienden hasta 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta audiencia marca un paso clave en el escándalo que ha sacudido al Congreso y al Ejecutivo, exponiendo cómo supuestamente se utilizaron recursos públicos para influir en el legislativo, en un contexto de mayor control judicial sobre la contratación estatal en entidades como la Ungrd.
