El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Wilmar Mejía, activó protocolos de inteligencia financiera para investigar presuntos movimientos financieros y patrimoniales relacionados con la minería ilegal en la finca La Mandinga, ubicada en la zona rural de Cáceres y Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, cerca del Batallón de Rifles. Esta medida se tomó poco después de la orden de verificación urgente emitida por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en respuesta a denuncias públicas sobre la operación de actividades ilícitas en esa área bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) tras su extinción de dominio.
La finca La Mandinga, que abarca 2.000 hectáreas, ha sido ocupada por unos 2.500 mineros ilegales sin títulos ni autorizaciones, generando graves daños ambientales. Equipos técnicos de la UIAF realizaron un análisis preliminar en el marco de la Ley 526 de 1999, coordinando con autoridades competentes para examinar posibles vínculos con estructuras criminales como el Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, y delitos financieros que podrían configurar financiación al terrorismo o lavado de activos. Estas acciones se enmarcan en un incremento superior al 40% en las operaciones contra economías ilegales respecto al año anterior, con más de 20 operativos ejecutados por el Ejército Nacional desde 2022, en los que se intervinieron 2.500 minas ilegales y se destruyeron 1.000 máquinas para extracción ilícita.
Compromiso contra el crimen organizado
El Ejército Nacional reconoció la presencia de mineros ilegales en la zona y ha llevado a cabo operativos con tensiones, incluyendo bloqueos en la Troncal de Occidente e intentos de agresión que están bajo investigación. Estas labores se intensifican contra economías ilícitas como el narcotráfico, dirigidas al Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las FARC. Desde 2022, el Ejército ha informado a las autoridades judiciales sobre los impactos ambientales y de seguridad, mientras el Clan del Golfo ha negado cualquier vínculo con las actividades en la finca.
“Señor Ministro @PedroSanchezCol, teniendo en cuenta la designación del Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia como organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado de los EE.UU., y ante información de dominio público sobre la presunta operación de minería ilícita en una guarnición militar, la @UIAFColombia, en el marco de la Ley 526 de 1999, activó los protocolos de inteligencia financiera, luego del análisis preliminar realizado por los equipos técnicos de la entidad (sic)”
Wilmar Mejía, director de la UIAF
“Por tratarse de hechos que podrían constituir financiación al terrorismo y otros delitos fuente de lavado de activos, esta Unidad procederá a realizar los análisis patrimoniales y financieros pertinentes sobre servidores públicos, civiles o militares, así como personas jurídicas, que resulten vinculadas a los hechos materia de investigación, en coordinación con las autoridades competentes y conforme a los canales institucionales establecidos”
Wilmar Mejía, director de la UIAF
“La UIAF reitera su compromiso en la lucha contra las finanzas del crimen organizado (sic)”
Wilmar Mejía, director de la UIAF
“Aquí no hay espacio para la complacencia. Si llegara a existir algún vínculo, omisión, conducta irregular o connivencia criminal, se actuará con todo el peso de la ley. Toda denuncia será investigada y toda irregularidad será corregida”
Pedro Sánchez, ministro de Defensa
La activación de estos protocolos subraya el esfuerzo institucional por desmantelar las redes financieras que sustentan la minería ilegal en el Bajo Cauca, una región clave en la lucha contra el crimen organizado, donde el Gobierno Nacional continúa fortaleciendo sus acciones para proteger el territorio y el medio ambiente.
