El presidente de Colombia, Gustavo Petro, generó controversia al publicar en la red social X los datos de una cuenta bancaria de ahorros en Bancolombia con número 030-000068-83, destinada a recibir aportes de hasta diez millones de pesos por persona, identificados con número de cédula, para financiar la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Esta iniciativa surge en medio de tensiones políticas tras la suspensión provisional por parte del Consejo de Estado del decreto que trasladaba fondos pensionales, lo que ha afectado a trabajadores y ha impulsado a Petro a rechazar la decisión judicial y convocar una movilización el próximo 1 de mayo en Medellín, donde asistirá con su gabinete para promover esta vía alternativa a las reformas sociales en salud, pensiones y empleo que han encontrado trabas en el Congreso y los tribunales.
En su mensaje, Petro detalló textualmente: “en esta cuenta legal de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente del Comité se puede hacer giros hasta por diez millones de pesos con número de cédula para apoyarla”, y añadió: “Cuenta de Ahorros. Bancolombia. Número 030-000068-83. Convocatoria Asamblea Nacional Constituyente en Colombia”. Esta acción ha desatado un debate nacional sobre la viabilidad de una Constituyente como mecanismo para sortear los obstáculos institucionales, en un contexto de publicaciones recientes en X y con eventos programados como la entrevista del senador Iván Cepeda el 30 de abril de 2026.
Críticas desde la oposición
La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático y candidata presidencial, respondió de inmediato criticando la movida presidencial como un intento desesperado por ocultar incapacidades de gobierno. “Presidente Petro: acabar con la Constitución no resuelve nada. Ni la extorsión, ni los medicamentos que no llegan, ni la violencia en el suroccidente, ni la corrupción de sus funcionarios. La constituyente es un nuevo intento para tapar su incapacidad”, escribió Valencia, agregando: “Colombia lo que necesita es un presidente que gobierne”. Otras voces de la oposición, como la senadora María Fernanda Cabal, también del Centro Democrático, tildaron la acción de “abuso de poder y extralimitación de sus funciones”, mientras que la congresista Angélica Lozano cuestionó: “No hay caudillo que no busque reelección”.
“Presidente Petro: acabar con la Constitución no resuelve nada. Ni la extorsión, ni los medicamentos que no llegan, ni la violencia en el suroccidente, ni la corrupción de sus funcionarios. La constituyente es un nuevo intento para tapar su incapacidad”
Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático
Posiciones desde el Pacto Histórico
Por su parte, el senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en su entrevista reciente, priorizó un acuerdo nacional sobre la Constituyente inmediata, defendiendo la actual Constitución y enfatizando que no es la prioridad en este momento. “Necesitamos un acuerdo nacional y ese acuerdo nacional sí, puede terminar en una constituyente si es parte del acuerdo y entonces habrá que hacerla, pero puede ser que no termine en eso, perfectamente. Lo importante aquí, más allá del procedimiento, es el contenido de los acuerdos”, declaró Cepeda, quien añadió: “Defendemos la constitución y vamos en el camino de ver qué va ocurriendo en el país. No hay ninguna prohibición, pero tampoco va a ser en este momento la prioridad. La prioridad es el acuerdo nacional y ahí lo dice claramente”.
“Necesitamos un acuerdo nacional y ese acuerdo nacional sí, puede terminar en una constituyente si es parte del acuerdo y entonces habrá que hacerla, pero puede ser que no termine en eso, perfectamente. Lo importante aquí, más allá del procedimiento, es el contenido de los acuerdos”
Iván Cepeda, senador y candidato presidencial del Pacto Histórico
La polémica alrededor de la cuenta bancaria y la convocatoria a la Constituyente se enmarca en un tenso panorama político donde el Ejecutivo busca salidas populares a sus reformas estancadas, mientras la oposición denuncia un posible abuso de poder, y aliados como Cepeda llaman a la mesura mediante diálogos nacionales previos a cualquier cambio constitucional profundo.
