La Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación contra el exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, quien cumple una condena de 21 años y 7 meses de prisión en la Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez. Según la acusación, Abadía estaría ejerciendo presiones indebidas sobre funcionarios públicos, alcaldes y contratistas para obtener contratos, nombramientos burocráticos, favorecimientos y avances en intereses políticos, todo ello mediante el uso irregular de teléfonos y visitas no autorizadas dentro del centro carcelario.
La denuncia detalla que Abadía mantiene contacto con tres ciudadanos de su círculo cercano, no identificados por nombre, a través de números telefónicos específicos reportados en el documento, y menciona vínculos con servidores públicos como el teniente coronel Diego Villar Cuellar, director de la Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez. Estos mecanismos supuestamente facilitan delitos como cohecho, concierto para delinquir y tráfico de influencias, con el objetivo de fraguar acuerdos ilícitos contractuales y políticos. La veeduría solicita medidas urgentes de protección para los denunciantes y víctimas, acompañadas de datos reservados para preservar la investigación penal.
Condena previa por irregularidades en convenio de 2010
Abadía fue sentenciado en febrero de 2024 por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia a 21 años y 7 meses de prisión, una multa de 914.271.500 pesos —que incluye 817.482.400 pesos más 187,4 salarios mínimos legales mensuales vigentes— y una inhabilitación de 240 meses para ejercer funciones públicas. La condena se originó en un convenio irregular por 1.072 millones de pesos suscrito el 29 de enero de 2010 con la Fundación Calimío, destinado a proveer material bibliográfico para 40 bibliotecas escolares en 10 municipios del Valle del Cauca, eludiendo los requisitos legales de licitación pública y configurando peculado por apropiación agravada, con una desviación de 817.482.400 pesos a favor de terceros.
“Estaría ejerciéndose presión indebida a funcionarios, alcaldes y contratistas para obtener de los mismos, obviamente, contratos, nombramientos burocráticos, favorecimientos indebidos y, además, la intervención administrativa y la connotación frente a intereses políticos. Desde la cárcel, inclusive, se estaría permitiendo el uso irregular de teléfonos, visitas no autorizadas y, finalmente, faltas a los controles”
Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia
“En la denuncia se ponen en conocimiento los números de abonados telefónicos y los nombres de algunos presuntos vínculos con servidores públicos con quienes se estarían fraguando presiones y acuerdos ilícitos contractuales, burocráticos y políticos con alcaldes, contratistas y otros; denuncia donde solicitamos unas medidas urgentes acompañando datos que no se divulgan para mantener la reserva de la investigación penal respectiva”
Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia
Esta nueva alerta desde la Red de Veedurías Ciudadanas subraya la presunta continuidad de conductas delictivas desde el interior de la cárcel, instando a la Fiscalía a actuar de inmediato para evitar más irregularidades en la gestión pública del Valle del Cauca.
“No cabe duda que en este asunto la conducta se consumó con la apropiación ilegal de los recursos del convenio, los que se habían dejado en administración, tenencia o custodia del acusado Abadía Campo por razón de sus funciones propias de gobernador y ordenador del gasto, y en virtud de ello se apropió a favor de terceros de $817.482.400”
Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia
