La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Víctor Andrés Meza, exsubdirector general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), y Ana María Castaño, exsecretaria general de la misma entidad, por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato por cerca de 257 millones de pesos a Alfredo Saade en 2023. La indagación inició el 22 de febrero de 2024 y el proceso disciplinario se abrió formalmente el 28 de julio de 2025, bajo la dirección de la procuradora delegada Ángela Patricia Arroyo. Las imputaciones se centran en la omisión de precauciones en la selección del contratista, la verificación de su experiencia y la supervisión de los productos entregados, tras una denuncia del abogado y congresista electo Daniel Briceño sobre datos falsos y soportes duplicados en la documentación presentada por Saade, quien es contratista y actual embajador en Brasil.
El contrato, suscrito en 2023 para fortalecer la gestión legal e implementación de programas sociales como las ollas comunitarias en La Guajira, preveía pagos mensuales de aproximadamente 20 millones de pesos durante 12 meses, pero fue liquidado de manera anticipada en octubre de ese año a solicitud del propio Saade. La autorización se basó en una declaración juramentada cuestionada de la Fundación Levantemos los Muros Caídos, que Castaño certificó como válida para acreditar la experiencia de Saade, pese a que este era empleado no independiente de la entidad. Entre los 28 documentos revisados, solo uno contaba con intervención directa de Saade, y varios informes presentados por él resultaron idénticos en diferentes meses, lo que levantó sospechas sobre su autenticidad.
Denuncia y defensa en el centro del escándalo
El proceso disciplinario busca esclarecer posibles faltas graves bajo los artículos 38 y 54 del Código General Disciplinario, aunque Saade no es investigado directamente. Previo a este contrato, Saade había sido jefe de despacho en la Casa de Nariño y es considerado un aliado cercano del presidente Gustavo Petro. Por su parte, Olmedo López, exdirector de la Ungrd, defendió la idoneidad de Saade para el trabajo comunitario, argumentando su experiencia en labores sociales.
“Cada documento adjuntado por el señor Saade evidencia que los colombianos en realidad le estábamos pagando por escribir sandeces en redes sociales y no por hacer su trabajo”
Daniel Briceño, abogado y congresista electo
Este caso pone en evidencia las tensiones en la gestión de contratos públicos en la Ungrd y podría tener repercusiones en la accountability de exfuncionarios vinculados al gobierno actual, mientras la Procuraduría avanza en la investigación para determinar responsabilidades disciplinarias.
