La Procuraduría General de la Nación citó a declarar a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, en el proceso disciplinario que se sigue contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, por haberla insultado tildándola de “loca demente” durante un allanamiento realizado en su vivienda en Puerto Colombia, Atlántico, el pasado 11 de noviembre de 2025. La citación fue emitida por el procurador delegado de la Sala Disciplinaria de Instrucción, Jorge Enrique Sanjuán Gálvez, quien busca que Lombana rinda testimonio bajo juramento para esclarecer los hechos, en un proceso que se elevó a investigación formal desde marzo de 2026.
El testimonio de la magistrada se realizará inicialmente mediante un cuestionario escrito, con la posibilidad de una audiencia presencial posterior, y tanto Benedetti como su defensa han sido notificados. La investigación pretende determinar si los insultos proferidos por el ministro violan los deberes de respeto, imparcialidad y rectitud hacia la administración de justicia. Un abogado de la Sala Disciplinaria de Instrucción, Iván Gerardo Jácome Gutiérrez, ha sido designado para este trámite.
Contexto de la polémica investigación
Todo surge en el marco de una pesquisa por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito que lidera la magistrada Lombana contra Benedetti, quien ha cuestionado la competencia de la Corte Suprema de Justicia desde que dejó el Senado en 2022. Los insultos ocurrieron durante una entrevista telefónica que el ministro concedió mientras se llevaba a cabo el allanamiento en su propiedad. El proceso disciplinario se activó tras una compulsa de copias remitida por el Consejo de Estado, donde el magistrado de la Sección Quinta, Omar Joaquín Barreto Suárez, confirmó la permanencia de Benedetti en su cargo público.
«La señora magistrada Lombana está loca demente y es una delincuente (…) ella no tenía por qué hacerlo»
Armando Benedetti, ministro del Interior
El testimonio de Lombana se perfila como una prueba clave para evaluar si existe una falta disciplinaria que pueda derivar en sanciones contra el ministro. Este avance en la investigación subraya las tensiones entre el Ejecutivo y el poder judicial, en un caso que sigue generando controversia en el ámbito político y jurídico del país.
