La Organización de las Naciones Unidas, la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación emitieron este 29 de abril un pronunciamiento conjunto exigiendo la liberación inmediata y sin condiciones de los agentes del CTI Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, así como del subintendente Franklin Esley Hoyos Murcia, investigador criminal de la Dijín, y el patrullero Yordin Fabián Pérez Mendoza, del Cuerpo Élite de la Dijín e identificado como Jordi, todos secuestrados por el ELN en el departamento de Arauca. Los secuestros ocurrieron el 8 de mayo de 2025 en zona de Fortul para los agentes del CTI y el 20 de julio en la carretera entre Tame y Arauca para los policías, y las entidades calificaron los llamados “juicios revolucionarios” difundidos en videos por el grupo armado como simples actos de secuestro y delito flagrante.
En esos videos, el ELN impuso sentencias a los capturados por presuntos delitos como espionaje, perfidia, crímenes de lesa humanidad, desaparición forzada y tortura, sin presentar pruebas validadas. Así, Jesús Antonio Pacheco Oviedo recibió una condena de 60 meses de privación de libertad, Rodrigo Antonio López Estrada de 55 meses, y los policías Hoyos Murcia y Pérez Mendoza de 36 meses cada uno, con el anuncio del grupo de descontar el tiempo de cautiverio de esas penas internas. Las autoridades rechazaron por completo la validez de estos procesos ilegales, exigiendo su anulación inmediata y el cese de cualquier acción similar, al considerar que violan los derechos fundamentales, la Constitución de 1991 y el Derecho Internacional Humanitario.
Rechazo unánime a los «juicios revolucionarios»
Los pronunciamientos se dieron en respuesta coordinada a la difusión de los videos con las supuestas sentencias, ocurridos en una zona de fuerte influencia del ELN en Arauca, lo que incrementa la desconfianza en el proceso de paz, perpetúa la violencia y afecta profundamente a las víctimas y a la sociedad colombiana. Las entidades destacaron que tales acciones carecen de toda legitimidad y urgieron al grupo armado a liberar a los secuestrados en aras de la buena fe para avanzar en canales humanitarios ya abiertos.
“Urge al ELN la libertad inmediata y sin condiciones”
Organización de Naciones Unidas
«El secuestro no es justicia, es un delito. Es un ataque a un país y un ultraje a la dignidad humana»
Procuraduría General de la Nación
En el comunicado conjunto, se subrayó que “el respeto por la vida, la integridad y la libertad de los colombianos es un principio básico del Estado Social de Derecho”, reafirmando el compromiso de estas instituciones con la defensa de los derechos humanos en medio de un conflicto que sigue cobrándose vidas y libertades en regiones como Arauca.
Las autoridades expresaron su agradecimiento por los canales humanitarios existentes, pero insistieron en que la liberación sin condiciones es el paso indispensable para cualquier avance hacia la paz, dejando claro que el secuestro no puede disfrazarse de justicia revolucionaria.
