Un informe pericial contable de 23 páginas elaborado por JC Contadores Judiciales ha contradicho la versión del presidente de Ecopetrol en licencia, Ricardo Roa, quien afirmó haber adquirido legalmente el apartamento 901 ubicado en el norte de Bogotá con recursos propios y créditos bancarios. El documento analiza movimientos financieros entre enero de 2022 y febrero de 2026, sin encontrar evidencias de pagos directos provenientes de Roa, su pareja Carlos Julián Caicedo Cano o la sociedad Roca Bi S.A.S. que ambos conforman. La Procuraduría General de la Nación prorrogó por tres meses su investigación disciplinaria y ordenó la práctica de 16 pruebas adicionales, en el marco de pesquisas por presuntos tráfico de influencias e irregularidades en la compra del inmueble.
El análisis forense revisó extractos bancarios, estados contables y la trazabilidad de fondos de las cuentas de Roa, Caicedo Cano y Roca Bi S.A.S., detectando seis consignaciones por cerca de 1.800 millones de pesos realizadas entre marzo de 2023 y febrero de 2024 a la cuenta de Bancolombia de Princeton International Holdings Limited, la empresa propietaria vendedora cuyo dueño es Serafino Iacono. Además, se identificó un pago adicional de 100 millones de pesos en efectivo el 1 de noviembre de 2023. Según la versión de la vendedora, la operación se gestionó a través del intermediario Juan Guillermo Mancera, expolicía y coronel en retiro, vinculado a las empresas Innova Mercadeo y Logística, sin transferencias directas desde Roa.
Irregularidades en la escrituración y contexto de las investigaciones
La escrituración del apartamento mostró una titularidad intermedia antes de pasar a nombre de Roa, habiendo sido inicialmente considerada a favor de Roca Bi S.A.S., lo que suma dudas a la operación. Un pago adicional fue realizado por Darío Enrique Guarnizo R. El acceso al informe pericial fue revelado por el diario El Tiempo, mientras la Fiscalía General de la Nación evalúa la situación jurídica de los implicados, incluyendo una posible imputación contra Roa por violación de topes electorales en su campaña presidencial entre 2022 y 2026. Estas indagaciones se dividen en una disciplinaria por parte de la Procuraduría y otra penal liderada por la Fiscalía, ambas centradas en posibles influencias indebidas y anomalías financieras en la adquisición del bien raíz.
La prórroga de tres meses en la investigación de la Procuraduría busca esclarecer estos flujos de dinero opacos, en un caso que pone en entredicho la transparencia de altos funcionarios y sus vínculos empresariales, con implicaciones que podrían extenderse a procesos electorales pasados.
