El Gobierno nacional, a través de la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República (Dapre), prorrogó un contrato por 10.000 millones de pesos con la empresa Amadeus Consultancy Limited, representada por Maryna Pogibko y Daniel Martin Kovalik, para recibir asesoría jurídica sobre las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos a Gustavo Petro. La aceptación formal de esta prórroga se dio el 30 de abril de 2026 en la Presidencia de la República en Colombia, bajo la supervisión del secretario jurídico Augusto Ocampo, con el objetivo de garantizar la continuidad de los análisis y recomendaciones frente a esas medidas.
El acuerdo establece cuatro desembolsos de 2.500 millones de pesos cada uno, equivalentes a 500.000 libras esterlinas por entrega, condicionados a la presentación de informes técnicos y respaldados por una mesa técnica de apoyo en la Dapre. Esta microempresa, fundada en 2017 y con solo dos empleados registrados, fue seleccionada por su supuesta alta especialización, lo que permitió excluir el contrato de la tabla ordinaria de honorarios, aunque ha generado críticas por su elevado valor, la ausencia de un proceso competitivo y sus activos limitados.
Contexto de las sanciones y controversias
Las sanciones de Estados Unidos, emitidas en octubre de 2025 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) e incluidas en la Lista Clinton, afectan directamente a Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el asesor Armando Benedetti, por presunta facilitación en la producción de cocaína. Estas medidas implican el congelamiento de activos y la prohibición de transacciones con entidades estadounidenses. Petro ha atribuido las sanciones a presiones políticas internas en Estados Unidos y anunció que se defenderá con un abogado estadounidense, mientras la Procuraduría General de la Nación mantiene una indagación preliminar sobre el proceso contractual.
«aceptación integral»
Maryna Pogibko y Daniel Martin Kovalik, representantes de Amadeus Consultancy Limited
La prórroga del contrato con Amadeus Consultancy Limited intensifica el debate sobre la gestión de recursos públicos en medio de la crisis generada por las sanciones, en un momento en que el Gobierno busca estrategias jurídicas para contrarrestar sus efectos y defender la posición del presidente ante las autoridades norteamericanas.
