La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para que adopte medidas inmediatas frente al alarmante aumento de víctimas por minas antipersonal en las regiones del Bajo Cauca antioqueño y Catatumbo durante el primer trimestre de 2026, período en el que estas zonas registraron el mayor número de casos a nivel nacional. En un comunicado oficial emitido el domingo 10 de mayo, el ente de control rechazó categóricamente el uso indiscriminado de estos artefactos por parte de grupos armados ilegales, exigiendo el retomar del control territorial y condenando esta práctica como una violación flagrante del Derecho Internacional Humanitario.
Estas minas antipersonal, empleadas como táctica para el control territorial, han generado confinamientos forzados y severas limitaciones a la movilidad de la población civil, obstaculizando además la implementación del Acuerdo de Paz, el acceso a servicios básicos y la presencia efectiva del Estado en las zonas afectadas. El incremento de accidentes resalta el liderazgo negativo de Bajo Cauca y Catatumbo en las estadísticas nacionales de víctimas en los primeros tres meses del año, subrayando la urgencia de una respuesta coordinada.
Acciones exigidas y monitoreo continuo
La Procuraduría solicitó la intervención inmediata del Grupo de Acción Integral Contra Minas Antipersonal, en conjunto con alcaldías y gobernaciones, para fortalecer la educación en riesgos y la atención integral a las víctimas, incluyendo evacuación, extracción de artefactos, atención prehospitalaria, hospitalaria y procesos de rehabilitación. Además, anunció un monitoreo continuo y una vigilancia estricta sobre las autoridades responsables de la política contra minas, con el fin de garantizar que se tomen las medidas necesarias para proteger a la población.
«El Ente de Control condena el uso indiscriminado de estos artefactos por parte de los grupos armados ilegales, advirtiendo categóricamente que las Minas Antipersonal son armas prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario debido a sus efectos indiscriminados.»
Procuraduría General de la Nación, comunicado oficial
Este pronunciamiento de la Procuraduría resalta la necesidad imperiosa de acciones decididas para desmantelar estas amenazas y restaurar la seguridad en regiones históricamente golpeadas por el conflicto armado, protegiendo así los derechos fundamentales de los habitantes del Bajo Cauca y Catatumbo.
