Las autoridades colombianas arrestaron al alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato municipal y la entrega de permisos urbanísticos para la construcción irregular de una mansión de lujo en el predio San Cayetano, también conocido como Nuestra Señora del Buen Suceso. El mandatario enfrenta imputaciones por los delitos de concusión y prevaricato, en el marco de una investigación que indaga posibles sobornos y la concesión indebida de licencias. Involucradas en el caso figuran María Victoria Solarte Daza, representante legal de Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S., y Elizabeth Patiño Zea, asesora jurídica del municipio.
El escándalo se centra en una licencia urbanística otorgada en 2022 para una superficie de apenas 551 metros cuadrados, que fue ampliamente sobrepasada con construcciones que ocupan más de 5.000 metros cuadrados, representando una inversión total superior a los 6 millones de dólares. El terreno fue adquirido en diciembre de 2020, y en septiembre de 2023 se solicitó una ampliación que fue negada por el propio alcalde debido a incumplimientos técnicos y violaciones al Plan de Ordenamiento Territorial (POT), así como afectaciones ambientales. El proyecto incorporó elementos no autorizados como lagos, pesebreras y una capilla, en clara contravención de la normativa local.
Irregularidades que sacuden al municipio turístico
Empresas como Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S. y Sisol S.A.S. están vinculadas al desarrollo del predio, donde se evidenciaron violaciones graves a las normas urbanísticas y ambientales. La licencia inicial era limitada, pero las obras avanzaron de manera irregular, generando un impacto significativo en un área protegida de Villa de Leyva, reconocida por su valor histórico y turístico. El arresto del alcalde ha generado expectación en el centro histórico del municipio, uno de los más visitados del país.
En la actualidad, se imponen sanciones económicas, avanzan acciones judiciales y continúa un proceso penal contra los implicados, destacando la magnitud del caso que compromete la gestión municipal y pone en jaque la integridad de las autoridades locales en materia de ordenamiento territorial.
