El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió este miércoles 13 de mayo de 2026 una investigación administrativa y formuló cargos contra la firma encuestadora Invamer por presuntas irregularidades técnicas en una encuesta sobre la democracia en Colombia en 2025. La decisión, impulsada por la ponencia de la magistrada Maritza Martínez y respaldada por la mayoría de los magistrados, se basa en el Informe de Cierre de Auditoría Técnica y Metodología número 17, remitido el 7 de abril de 2026 por la Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas.
Los hallazgos no subsanados incluyen el H3, H5, H9 y H10, entre los que destacan la declaración de un efecto de diseño (DEFF) sin soporte cuantitativo suficiente, la ausencia de métodos computacionales para estimar la varianza coherentes con un diseño muestral complejo, la exclusión de unidades elegibles por controles de cuota sociodemográfica que alteran la probabilidad de inclusión, e inconsistencias estructurales en los microdatos, variables de huella digital, autorizaciones de tratamiento de datos y factores de expansión.
Deficiencias técnicas preliminares
La resolución del CNE advierte sobre inconsistencias en el cumplimiento de exigencias técnicas, como el carácter probabilístico del diseño muestral para garantizar representatividad estadística, la verificabilidad y replicabilidad de resultados para control institucional, y la anonimización y estructuración adecuada de microdatos para trazabilidad. Aún pendiente de verificación está la correspondencia entre diseño muestral y procedimientos, el soporte para replicar márgenes de error y los estándares de microdatos.
“Los hallazgos H3, H5, H9 y H10 no fueron subsanados adecuadamente, advirtiéndose: (i) la declaración de un efecto de diseño (DEFF) sin soporte cuantitativo suficiente que permita establecer si corresponde a un supuesto técnico o a una estimación empírica verificable; (ii) la ausencia de implementación computacional de un método de estimación de varianza coherente con un diseño muestral complejo, lo que imposibilitaría la replicación independiente de los márgenes de error y de las medidas de precisión; (iii) la introducción de controles de cuota sociodemográfica que habrían excluido unidades elegibles del universo de selección, alterando la probabilidad efectiva de inclusión de algunas unidades; y (iv) inconsistencias estructurales entre microdatos, variables de huella digital, variables de autorización de tratamiento de datos y factores de expansión utilizados para el procesamiento estadístico, afectando la consistencia integral del conjunto de soportes técnicos aportados”
Informe de Cierre de Auditoría Técnica y Metodología número 17
Invamer tiene un plazo de quince días hábiles desde la notificación para presentar descargos, iniciando así un procedimiento administrativo en el que podrá ejercer su derecho a defensa. No se trata de una sanción definitiva, pero las posibles consecuencias, según el artículo 30 de la Ley 130 de 1994, incluyen multas, suspensión o prohibición de actividades encuestadoras.
“La Sala advierte que los elementos que obran en el expediente permiten inferir, de manera preliminar, la posible existencia de inconsistencias en el cumplimiento de las exigencias técnicas previstas en la normativa aplicable. En particular, tales aspectos se relacionan con el carácter probabilístico del diseño muestral exigido como presupuesto de representatividad estadística; la verificabilidad y replicabilidad de los resultados, como condiciones necesarias para el control institucional; y la adecuada anonimización y estructuración de los microdatos, como requisitos indispensables para la trazabilidad de la información”
Resolución de apertura del CNE
Esta encuesta de Invamer fue auditada previamente por la Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas, y el caso subraya la importancia de la rigurosidad metodológica en los sondeos que influyen en la opinión pública colombiana, especialmente en temas sensibles como la democracia hacia 2025.
