El Ejército Nacional de Colombia sometió a la justicia a un integrante financiero clave del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC, liderado por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, en los Llanos Orientales del país. Este militante, con 33 años de experiencia en grupos armados y proveniente del Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez de las extintas FARC, era responsable de manejar más de 5.000 millones de pesos mensuales para las operaciones de las disidencias en la región. Su desmovilización, revelada por un informe de inteligencia difundido por Caracol Radio W, fue destacada por el presidente Gustavo Petro como fundamental para detectar un dron cargado con explosivos que apuntaba a la pista de la base militar de Catam en Bogotá.
Este sometimiento a la justicia forma parte de la intensificada presión militar contra las disidencias, que ha propiciado varias desmovilizaciones de figuras estratégicas en el EMC, considerado el grupo armado de mayor recorrido en la estructura. El capturado se encargaba de la gestión de recursos financieros esenciales para las actividades del narcotráfico y operaciones en los Llanos Orientales, lo que lo convertía en uno de los militantes más experimentados de la organización.
El impacto de la ofensiva militar en las disidencias
La detección del dron cerca de la pista de Catam subraya la amenaza latente de estos grupos contra instalaciones estratégicas en la capital, frustrada gracias a la información proporcionada por el desmovilizado. Esta acción se enmarca en una serie de operaciones que buscan desarticular las finanzas y la logística de las disidencias, afectando su capacidad operativa en zonas como los Llanos Orientales.
«La presión ejercida sobre los grupos armados del narcotráfico logra la desmovilización de integrantes estratégicos de esas organizaciones. Por eso se logró detectar el dron que apuntan sobre la pista de Catam en Bogotá»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Con este golpe, el Ejército Nacional continúa su ofensiva contra el EMC, reafirmando el compromiso del Gobierno con la seguridad nacional y la neutralización de amenazas terroristas, en un contexto de creciente desmovilización voluntaria impulsada por la presión sostenida de las fuerzas públicas.
