La justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra el colombiano Alex Saab, señalado como el principal operador financiero del régimen de Nicolás Maduro, por liderar un esquema de sobornos, lavado de dinero y desvío de fondos a través del programa estatal de distribución de alimentos CLAP en Venezuela. La Fiscalía federal del Distrito Sur de Florida, en Miami, detalla que la red operó entre 2015 y 2023 y movió más de 350 millones de dólares, dinero que habría sido blanqueado mediante importaciones fraudulentas de alimentos desde Colombia y México, transferencias a cuentas en Estados Unidos y, a partir de 2019, ventas ilegales de petróleo de la estatal Pdvsa. Saab enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión federal.
De acuerdo con el documento judicial al que tuvo acceso la revista Semana, el esquema se sustentó en el programa CLAP como fachada para ocultar el origen ilícito de los fondos. Saab, junto con altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro —incluido el propio mandatario como receptor de sobornos—, habría falsificado la documentación de respaldo para las importaciones y exportaciones de alimentos, dificultando el rastreo de las operaciones. El ciudadano colombiano entregó a las autoridades estadounidenses más de 12 millones de dólares obtenidos ilícitamente, como parte de su cooperación con la DEA.
Las dos fases del entramado corrupto
La acusación describe dos etapas en el plan de lavado de activos. En una primera fase, Saab pagó sobornos a funcionarios venezolanos para obtener contratos vinculados al programa CLAP, utilizando importaciones fraudulentas desde Colombia y México. Los pagos se canalizaban a través de cuentas en Estados Unidos. En la segunda etapa, a partir de 2019, Saab obtuvo acceso preferencial al petróleo de Pdvsa y realizó ventas encubiertas para continuar blanqueando los fondos. La Fiscalía señala que Saab mantuvo una doble estrategia: participaba activamente en el esquema ilegal mientras colaboraba confidencialmente con las autoridades estadounidenses.
Saab fue detenido en 2019 en Cabo Verde y extraditado a Miami, donde estuvo preso dos años por cargos de blanqueo de capitales. En 2023, el entonces presidente Joe Biden le concedió un indulto en el marco de un canje de prisioneros con el gobierno de Nicolás Maduro. La nueva acusación formal amplía investigaciones previas que inicialmente se centraban en contratos de vivienda y ahora detalla el uso del programa CLAP como eje central del lavado de dinero. Este caso representa uno de los mayores escándalos de corrupción vinculados al régimen venezolano, con ramificaciones en varios países y un impacto financiero de cientos de millones de dólares.
