Thomas Greg & Sons, la empresa encargada de la logística y el soporte tecnológico del proceso electoral colombiano, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el exmagistrado de la Corte Constitucional Luis Guillermo Pérez Casas. La acción judicial, radicada por el abogado Mauricio Pava en representación de la compañía, imputa a Pérez los delitos de perturbación de certamen democrático, hostigamiento, injuria, calumnia y falsedad documental. El origen de la controversia se remonta a los días 21 y 22 de junio de 2026, durante el preconteo y escrutinio de la segunda vuelta presidencial, cuando el exmagistrado publicó más de veinte mensajes en redes sociales señalando supuestas irregularidades en los formularios E-14 y en el software electoral, afirmando la existencia de un fraude.
De acuerdo con la denuncia, las afirmaciones de Pérez Casas carecen de sustento probatorio y generaron una ola de desinformación que afectó gravemente la reputación de Thomas Greg & Sons, además de provocar agresiones e intimidaciones contra sus trabajadores, lo que obligó a reforzar la seguridad en varios centros de acopio. La empresa sostiene que su función se limita al ensamblaje, distribución de material, soporte tecnológico y digitalización de formularios, sin intervenir en el conteo ni en la consolidación de resultados. El documento señala textualmente que “el denunciado, conociendo esta realidad, tergiversó el funcionamiento normal del software de la Registraduría para crear zozobra”.
El contexto de las acusaciones contra Thomas Greg
La controversia en torno a Thomas Greg & Sons no es nueva. Se intensificó en febrero de 2026, cuando el entonces ministro del Interior Armando Benedetti y el presidente Gustavo Petro cuestionaron públicamente el diseño del tarjetón electoral y el software utilizado en los comicios. Benedetti afirmó que la falta de un espacio en blanco en el tarjetón para consultas dejaba abierta la posibilidad de fraude, mientras que Petro aseguró en varias publicaciones en X que el software era “maleable”, “modificable”, “débil” y “manipulable”, y vinculó a la empresa con un supuesto antecedente de fraude sin presentar pruebas concretas. En julio de 2025, el mandatario había llegado a afirmar que “candidatos de alta gama de la oligarquía dirigen la empresa que hace los cómputos”, calificando la situación como una “enorme burla a la democracia”.
“El tarjetón para las consultas no tiene el espacio en blanco. Entonces si el elector no marca el tarjetón queda abierta la posibilidad de que lo marque otro. Esa fue para mí una falla, una falla que puede dar pie a un fraude. Porque ¿quién garantiza que el tarjetón no marcado no lo puedan marcar después? Nadie”
Armando Benedetti, entonces ministro del Interior, 18 de febrero de 2026
“Dejar casillas en blanco en los formularios de las mesas firmadas por jurados, lleva al fraude electoral. Las casillas deben llenarse con X para que no sean transformadas en números falsos ante mesas que no logran tener testigos electorales”
Gustavo Petro, presidente de Colombia, 17 de febrero de 2026
La denuncia presentada por Thomas Greg & Sons busca establecer responsabilidades penales por lo que consideran una campaña de desinformación que, según la empresa, puso en riesgo la transparencia del proceso electoral y la integridad de sus empleados. Luis Guillermo Pérez Casas, exmagistrado de la Corte Constitucional, llegó a solicitar la detención del escrutinio nacional y la exclusión de mesas de votación basándose en interpretaciones que la compañía califica como erróneas sobre el proceso de digitalización de formularios. Este caso reaviva el debate sobre la confianza ciudadana en el sistema electoral colombiano y el papel de las empresas privadas en los comicios, en un escenario donde las acusaciones presidenciales, aunque carentes de pruebas públicas, han calado en el imaginario colectivo.
