La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado suspendió de manera provisional la Resolución 72 de 2026, expedida por la Fiscalía General de la Nación, que había levantado órdenes de captura contra cabecillas de estructuras criminales en el Valle de Aburrá. La decisión, adoptada el miércoles 20 de mayo como medida cautelar de urgencia, responde a una demanda de nulidad presentada por la Gobernación de Antioquia contra ese acto administrativo, mientras avanza el estudio de fondo sobre su legalidad.
La resolución suspendida, fechada el 27 de marzo de 2026, había dejado sin efecto 23 órdenes de captura que pesaban sobre siete líderes de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. Estos cabecillas estaban vinculados a los procesos de diálogo de paz urbana impulsados por el gobierno de Gustavo Petro en Medellín y el área metropolitana del Valle de Aburrá. La Gobernación de Antioquia cuestionó la legalidad de la medida, argumentando que el levantamiento de las órdenes judiciales contra estos actores criminales podría afectar la seguridad en la región.
La suspensión provisional, decretada por el alto tribunal, implica que las órdenes de captura recobran vigencia de forma inmediata mientras se tramita la demanda de nulidad. La decisión del Consejo de Estado se tomó al resolver una solicitud de medida cautelar de urgencia presentada por la administración departamental, sin que aún se haya definido el fallo definitivo sobre la validez de la resolución de la Fiscalía. La noticia se reporta como en desarrollo, a la espera de nuevas determinaciones judiciales que definan el futuro de los procesos de paz urbana y el estatus jurídico de los líderes criminales involucrados.
Medida cautelar de urgencia
La Gobernación de Antioquia presentó la demanda de nulidad argumentando que la Resolución 72 de 2026 fue expedida sin las garantías procesales necesarias y podría vulnerar el orden público en el Valle de Aburrá. El Consejo de Estado, al admitir la demanda, consideró procedente suspender los efectos del acto administrativo de manera cautelar para evitar daños irreversibles mientras se analiza su legalidad. La Fiscalía General de la Nación aún no se ha pronunciado oficialmente sobre la suspensión, que mantiene en vilo los acuerdos de paz urbana en Medellín y sus alrededores.
