La economía colombiana cerraría el segundo trimestre de 2026 con un crecimiento estimado del 2,7%, según un informe de Bancolombia que sitúa el incremento del Producto Interno Bruto en el primer semestre en un 2,4%. Este dato, sin embargo, llega acompañado de una serie de alertas sobre el déficit fiscal, el nivel de endeudamiento público y la debilidad de la inversión, problemas estructurales que el presidente electo Abelardo De La Espriella deberá enfrentar a partir del 7 de agosto, cuando asuma el mandato. El gobierno de Gustavo Petro finaliza su gestión en medio de un panorama económico mixto, donde sectores como el financiero, la industria y el comercio muestran signos de recuperación, mientras la construcción apenas crece un 0,6% anual y la minería registra una contracción del 0,5%.
El análisis sectorial de junio de 2026 revela un comportamiento dispar: la industria creció un 3,7% anual, la agricultura un 3,5%, el comercio un 4% y el sector financiero un contundente 6%. Sin embargo, la deuda neta del Gobierno nacional central alcanzó el 58,6% del PIB en 2025, una cifra que, si bien está por debajo del pico del 60,7% registrado en 2020 durante la pandemia, representa un incremento significativo respecto al 33% de 2012 y al 48% de 2019. Jorge Coronel, economista y profesor, advirtió que “no es correcto presentar el endeudamiento actual como un máximo histórico sin revisar la trayectoria de la última década”, sugiriendo que el aumento ha sido progresivo y no exclusivo de la administración saliente. Entre los factores que agravan las finanzas públicas se encuentran los pagos al Fondo Monetario Internacional, que sumaron 23,1 billones de pesos entre 2024 y 2025, y el déficit acumulado del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que alcanzó cerca de 83,9 billones de pesos entre 2022 y 2026. A esto se suma una reducción de 10 billones de pesos al Presupuesto General de la Nación para 2026 y el hundimiento de dos leyes de financiamiento en el Congreso, junto con la caída de dos decretos de emergencia económica.
Críticas al legado económico y propuestas para el nuevo gobierno
Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), fue contundente al evaluar la gestión que termina: “Hay algunas imágenes que mostrar: menor desempleo, reducción de pobreza y cierto alivio social, pero sin bases para pensar que se trata de algo sostenible. Fueron alivios temporales con corte electorero”. En una línea crítica añadió que “el Estado gastó como si el futuro no fuera a cobrar intereses y no hubiera que pagar las deudas”. La Andi señala que, aunque se observaron mejoras en indicadores sociales, estas no descansan sobre fundamentos económicos sólidos, mientras la inversión se mantiene por debajo de los niveles prepandemia y la deuda pública sigue siendo una carga pesada para las finanzas estatales.
«El Estado gastó como si el futuro no fuera a cobrar intereses y no hubiera que pagar las deudas»
Bruce Mac Master, Presidente de la Andi
Frente a este escenario, Corficicolombiana presentó una propuesta denominada “3-2-1”, que plantea tres apuestas sectoriales: vivienda, infraestructura y el sector mineroenergético, dos mecanismos de viabilidad fiscal y una meta adicional de crecimiento. Las metas incluyen construir un millón de soluciones de vivienda en el cuatrienio, iniciar 5.000 kilómetros de red vial primaria, intervenir 35.000 kilómetros de vías terciarias y recuperar la producción de un millón de barriles diarios de petróleo. Para lograr estos objetivos, los investigadores proponen reformas que agilicen trámites, modernicen las consultas previas, fortalezcan la estabilidad jurídica y avancen en yacimientos no convencionales, además de reactivar los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico. En términos macro, la meta es alcanzar una inversión de al menos el 22% del PIB y generar unos 500.000 empleos durante el cuatrienio. El cumplimiento de estas metas implica compromisos cercanos a los 80 billones de pesos en cuatro años, que incluyen 24,8 billones en vigencias futuras para proyectos 4G y 5G, 20 billones para vías terciarias, 12 billones para el diferencial de peajes, 11,6 billones para subsidios de vivienda y 9,2 billones para obligaciones del sector energético. La refinanciación de la deuda, mediante canjes y recompras, es una práctica habitual que, sin embargo, puede generar recelo en los mercados si se convierte en la principal alternativa fiscal. Si los sectores rezagados logran recuperar sus niveles de inversión prepandemia, Colombia podría añadir un punto porcentual adicional al crecimiento, un objetivo que el nuevo gobierno tendrá en el centro de su agenda económica.
