La Comisión Disciplinaria de la Conmebol ratificó el jueves 21 de mayo de 2026 la derrota automática por 0-3 del Deportivo Independiente Medellín frente a Flamengo, como consecuencia de los graves disturbios que obligaron a la cancelación del partido el 7 de mayo en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. La resolución aplica el artículo 24.2 del Código Disciplinario del organismo, que establece la incomparecencia como causal de pérdida del encuentro, y además impone un paquete de sanciones económicas y restricciones de público que golpean duramente al club colombiano.
Los incidentes se registraron durante la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, cuando aficionados del DIM, en protesta por la eliminación del equipo en la liga local donde finalizó en la undécima posición, lanzaron pirotecnia desde la tribuna norte, encendieron fogatas en el graderío y arrojaron objetos hacia la cancha. El árbitro venezolano Jesús Valenzuela decidió retirar a ambos planteles a los vestuarios y, una hora y cuarto después, la Conmebol oficializó la cancelación del partido.
Sanciones económicas millonarias
El club deberá pagar una multa principal de 80.000 dólares por el comportamiento de su hinchada y el incumplimiento del Manual de Clubes de la Libertadores 2026, más una sanción adicional de 20.000 dólares por infracciones al código disciplinario. A estas cifras se suman 8.700 dólares por los daños causados a una Unidad Móvil de Transmisión y al vehículo del jefe técnico de la Conmebol, así como 7.578,90 dólares por la rotura y deterioro de vallas estáticas, chalecos y tapetes del organismo sudamericano. Todos estos montos serán descontados directamente de los derechos de televisión y patrocinio que el club tiene pendientes de cobro con la Conmebol.
Restricciones de público y advertencia de mayor gravedad
El DIM afrontará una prohibición de público local durante cinco partidos como local en torneos Conmebol y dos encuentros como visitante sin la presencia de sus aficionados. Esta última restricción incluye el partido que ya se disputó a puerta cerrada como consecuencia de la suspensión provisional dictada tras los incidentes. La resolución incorpora una advertencia expresa: si el club reincide en infracciones de igual o similar naturaleza, se aplicará el artículo 27 del Código Disciplinario, que contempla consecuencias de mayor gravedad, como la exclusión de futuras competiciones.
El club tiene un plazo de siete días desde la notificación de los fundamentos de la resolución para recurrir ante la Comisión de Apelaciones de la Conmebol, para lo cual deberá consignar una cuota de 3.000 dólares. Mientras tanto, la institución antioqueña deberá afrontar las duras sanciones económicas y deportivas que dejan a su hinchada sin posibilidad de alentar al equipo en los próximos compromisos internacionales, en un golpe que se suma a la eliminación temprana del torneo continental y a la pobre campaña en el fútbol colombiano.
