La medida cautelar frena el incremento plano de $350, pero la Alcaldía deberá emitir un decreto transitorio antes de que entre en vigencia la suspensión provisional
El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Manizales decretó la suspensión provisional del Decreto 0639 del 31 de diciembre de 2025, el cual regulaba las tarifas del transporte público colectivo (buses, busetas y microbuses) para el año 2026.
La determinación judicial responde a un medio de control de nulidad y una solicitud de medida cautelar interpuestos por el representante a la Cámara por Caldas, Santiago Osorio Marín, quien argumentó que el incremento ordenado por la administración municipal carecía de los soportes técnicos exigidos por la ley.
Esto no quiere decir que la tarifa a partir de este sábado vuelve a ser la misma del año pasado de manera inmediata o automática. El propio auto del juzgado determinó taxativamente que los efectos de la suspensión solo comenzarán a aplicarse una vez que la Alcaldía de Manizales diseñe, socialice y publique oficialmente un nuevo acto administrativo con tarifas transitorias.
Hasta que ese nuevo decreto no sea expedido y firmado por el mandatario local, los transportadores seguirán cobrando los valores actuales.
Las razones del Juzgado
El despacho judicial argumentó que, de acuerdo con la Ley 336 de 1996, cualquier modificación en las tarifas del transporte público debe estar rigurosamente respaldada por estudios técnicos y de costos que analicen la canasta del sector.
En la revisión preliminar, el juzgado encontró que la Secretaría de Movilidad había elaborado un estudio inicial basado en una proyección de incremento salarial del 16%, el cual sugería aumentos diferenciados según la tipología del vehículo (por ejemplo, $334 para microbuses y $340 para buses). Sin embargo, la Alcaldía terminó aplicando un aumento plano y generalizado de $350 para todas las modalidades, justificándolo en un incremento posterior del salario mínimo del 23.7%, pero sin realizar un nuevo análisis matemático que soportara dicho cambio. Para la justicia, este incremento directo careció de la justificación técnica necesaria.
Lo que viene
La providencia judicial trazó una hoja de ruta estricta que la Alcaldía de Manizales deberá cumplir para subsanar la situación:
- Fijación de tarifa transitoria: El municipio debe proceder a emitir un nuevo decreto temporal. Este no adoptará los precios antiguos de 2025, sino que deberá calcularse bajo los parámetros del estudio original (con base en el 16% de ajuste y respetando las diferencias entre buses, busetas y microbuses).
- Socialización obligatoria: Antes de que las tarifas de transición entren en vigencia, la administración tiene la obligación de socializarlas formalmente con los gremios y empresas transportadoras (como SocoBuses, Unitrans, Autolegal, entre otras vinculadas al proceso), así como con veedurías ciudadanas, asociaciones de usuarios y entes de control.
- Estudio a fondo: El juzgado otorga un plazo técnico para que el municipio adelante las mesas de trabajo y los análisis necesarios para definir una estructura tarifaria definitiva y legal para lo que resta del período.
El auto fue notificado por estado electrónico el viernes 22 de mayo de 2026 y quedará ejecutoriado el próximo 27 de mayo de 2026, fecha a partir de la cual la administración deberá avanzar en la expedición del nuevo marco tarifario provisional.
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