La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) negó en mayo de 2023 el sometimiento de los trece procesados por el atentado con explosivos caseros perpetrado el 20 de mayo de 2014 en la Universidad Nacional de Bogotá, pero el proceso penal ordinario sigue varado sin avances significativos. El expediente, que debía regresar a la justicia ordinaria tras la decisión de la JEP, permanece en revisión en la Sección de Apelación de esa jurisdicción, sin actualización desde el 28 de enero de 2024, según consta en la Secretaría Judicial.
El ataque, ocurrido durante protestas en el campus universitario, dejó nueve agentes del entonces Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad, hoy Undmo) heridos. La Fiscalía documentó que los responsables emplearon cerca de 810 artefactos explosivos caseros, entre ellos papas bomba y bombas panfletarias con mensajes alusivos al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Cada artefacto pesaba aproximadamente ocho gramos y estaba compuesto por cloruro de potasio, aluminio y azufre. Según la investigación, Paola Andrea Salgado Piedrahita, hoy profesional especializado en el Ministerio de Igualdad y Equidad, transportó en su vehículo particular ochocientas de esas papas bomba.
Los acusados y el estancamiento judicial
Además de Salgado Piedrahita, entre los trece capturados en un operativo de 2015 figuran David Camilo Rodríguez Hernández, conocido como “el Profe”, Herley Alexánder Lamprea Flórez y Gerson Alexánder Yacumal, así como varios funcionarios y contratistas públicos. La Fiscalía los vinculó con supuestas milicias urbanas del ELN, basándose en panfletos alusivos al quincuagésimo aniversario de esa guerrilla y una bandera del grupo hallados en el domicilio de la abogada. Un vigilante universitario que fue amarrado y amenazado durante el atentado proporcionó el testimonio y registro fotográfico que conectó a Salgado Piedrahita con el transporte de las cajas de explosivos.
El Juzgado Primero Especializado de Bogotá, que tiene a su cargo el proceso ordinario, ha enviado al menos cinco comunicaciones entre el 14 de febrero y el 20 de abril de 2024 solicitando a la JEP la confirmación de su resolución para poder reanudar el caso. Sin embargo, la respuesta nunca llegó. Mientras tanto, las audiencias preparatorias fueron fijadas para el 6 de julio de 2024, pero el tribunal ordinario sigue a la espera de que la Sección de Apelación de la JEP se pronuncie. La JEP argumentó que los hechos no son competencia de esa jurisdicción al no tratarse de delitos conexos con el conflicto armado, lo que en principio habría debido devolver el caso a la justicia común.
El perfil de la principal señalada
Paola Andrea Salgado Piedrahita, abogada ibaguereña con estudios de maestría en derechos humanos no concluidos, se desempeña actualmente en la Dirección para la Prevención y Atención de las Violencias contra las Mujeres del Ministerio de Igualdad y Equidad, donde ha estado vinculada como profesional universitario y especializado desde 2025 y 2026. Antes de ese cargo, trabajó en el Hospital de Suba, en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y en organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir y la Corporación Sisma Mujer. Según la Fiscalía, la abogada participó en reuniones previas para coordinar el transporte de los explosivos desde el domicilio de un colaborador hasta la Universidad Nacional. Todos los acusados mantienen su presunción de inocencia mientras no exista sentencia condenatoria en firme.
