Una verdadera tormenta política y económica se desató en el país tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien justificó la drástica reducción de las tarifas en los peajes del Eje Cafetero combinando argumentos de libre circulación universal, pasajes bíblicos y un fuerte componente de geografía electoral
La Ministra del Transporte, anunció que la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, rechazó el megaproyecto vial IP Conexión Centro que proponía invertir 7 billones de pesos en en las vías del Eje Cafetero
A través de su cuenta en la red social X, el jefe de Estado rompió el silencio sobre la crisis vial que vivía la región y lanzó una frase que encendió el debate: “Reduje los peajes de 18.000 pesos a 700 pesos en Caldas, allá votan más por Uribe, pero eso no me importa porque es el corazón de Colombia”. Con estas palabras, el mandatario elevó a categoría de doctrina nacional un acuerdo que, horas antes, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) había pactado en el territorio con comunidades y estudiantes para levantar los bloqueos viales.
El beneficio, que inicialmente parecía una medida de mitigación social para los residentes de las zonas de influencia de las casetas de Tarapacá I y II, San Bernardo del Viento y Las Pavas (Caldas y Risaralda), fue presentado por el presidente como el inicio de un cambio estructural en el modelo de transporte del país. “No habrá peajes más en Colombia, no se restringe la libre circulación del pueblo”, sentenció Petro, comparando su gestión con la del Libertador Simón Bolívar al definirse como un «emancipador».
En su extenso pronunciamiento, el mandatario arremetió contra el modelo de concesiones privadas, asegurando que las carreteras no pueden estar supeditadas a las lógicas financieras. “Quiero que no haya peajes en el viejo Caldas porque es el corazón de Colombia y para llegar al corazón no se ponen peajes de banqueros”, afirmó, recurriendo incluso a pasajes de la Biblia al recordar el momento en que Jesús expulsó a los mercaderes del templo para argumentar que «el corazón no es del mercado sino de la vida».
Petro también aprovechó para defender la anulación de seis millones de órdenes de fotomultas durante su Gobierno, señalando que su prioridad es el derecho universal de la humanidad a circular por el planeta.
El acuerdo en el territorio: peajes a $700 pesos
Mientras el discurso presidencial fijaba una postura ideológica radical, en las carreteras del Eje Cafetero los funcionarios de la ANI lograban desenredar un nudo humano y comercial que completaba días de parálisis.
El vicepresidente Ejecutivo de la entidad, Roberto Uparela, confirmó que tras una mesa de diálogo que se acordó una tarifa preferencial de $700 pesos —en lugar de los $17.800 actuales— para los vehículos de categorías I y II (automóviles, camperos y buses) pertenecientes a los residentes certificados. Para acceder al descuento, los ciudadanos deberán acreditar su arraigo ante las alcaldías locales, a la espera de la resolución oficial que expedirá el Ministerio de Transporte el próximo martes.
La encrucijada regional: El reclamo de Caldas
A pesar del anuncio, la declaratoria del presidente de marchar hacia un modelo «sin peajes» no cayó del todo bien en la institucionalidad regional, que teme por el mantenimiento y el futuro de las autopistas.
El gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel, emitió un pronunciamiento de advertencia. Si bien el mandatario departamental reconoció que Caldas vive una situación de inequidad histórica —al soportar 5 de los 7 peajes de todo el corredor vial administrado por Autopistas del Café—, fue enfático en señalar que la solución no es «acabar con todo sin pensar en el mantenimiento de las vías».
Gutiérrez Ángel le hizo un llamado respetuoso pero firme al Gobierno Nacional para que este proceso «no se convierta en una imposición, sino en una oportunidad de concertación regional», exigiendo que cualquier nuevo modelo (público, privado o mixto) garantice altos estándares de seguridad vial y respete las inversiones estratégicas que necesitan Caldas, Risaralda y Quindío.
Con las cartas sobre la mesa, el debate en el Eje Cafetero trasciende las fronteras de los tres departamentos. Lo que comenzó como una protesta estudiantil y comunitaria por el costo de la movilidad local se ha transformado, por orden presidencial, en el laboratorio donde el Gobierno Nacional pretende poner a prueba el fin de la infraestructura concesionada en Colombia.
Lo que aun e desconoce es a partir de cuándo comenzará a operar la tarifa diferencial que acordaron el gobierno y las comunidades cercanas a los peajes involucrados en la decisión.
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