En el marco de un debate crucial para el futuro fiscal del país, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes fue escenario de una nueva alerta lanzada por Asocapitales en torno al Proyecto de Ley de Competencias y la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP). Durante una mesa técnica, el expositor de la entidad, Luis Fernando Villota, advirtió que la iniciativa, si bien busca una descentralización efectiva, presenta vacíos que podrían traducirse en un riesgo fiscal para alcaldías y gobernaciones al no garantizar recursos equivalentes a las nuevas cargas que se pretenden trasladar a los territorios.
La discusión, que contó con la participación de representantes de Bogotá y Cali, Andrés Echavarría y Diego Dorado respectivamente, puso de manifiesto la preocupación por la falta de claridad jurídica en el proyecto. Según el análisis de Asocapitales, la reforma no define con precisión cómo se financiarán las nuevas competencias, ni evalúa la capacidad administrativa real de municipios y capitales para ejecutarlas. Esto ocurre mientras el SGP, que alcanzará cerca de 88,4 billones de pesos para 2026, equivalente al 28,6% de los Ingresos Corrientes de la Nación, representa en promedio el 38,3% de los ingresos totales de las ciudades capitales, las cuales concentran el 47% de la población nacional y generan el 55% del valor agregado del país.
La necesidad de una distribución equitativa
Villota fue enfático al señalar que, aunque el debate es estratégico para el futuro institucional, la transformación hacia una descentralización real solo será posible si se establece una relación clara y equilibrada entre competencias, recursos y capacidades institucionales. En su intervención, recordó que la Constitución prohíbe transferir competencias sin los recursos suficientes para ejecutarlas, y criticó que algunos criterios de distribución del SGP carecen de ponderaciones definidas, lo que podría generar desequilibrios en la asignación de recursos. Además, destacó que las capitales no pueden ser tratadas bajo una lógica homogénea, pues sus dinámicas metropolitanas, de población flotante y migración, reconocidas en la Ley 2082 de 2021, son ignoradas por el proyecto.
«Desde Asocapitales reconocemos que esta discusión es estratégica para el futuro institucional del país y para avanzar hacia una descentralización real. Pero esa transformación solo será posible si existe una relación clara y equilibrada entre competencias, recursos suficientes y capacidades institucionales reales»
Luis Fernando Villota, expositor técnico de Asocapitales
El debate evidenció que, pese a la urgencia de modernizar el modelo territorial colombiano, persisten limitaciones como la falta de delimitación de competencias entre niveles de gobierno. Los representantes de Bogotá y Cali coincidieron en que se requieren ajustes que reconozcan las particularidades urbanas y metropolitanas. En este punto, Villota subrayó que el SGP es la principal estructura financiera que sostiene servicios esenciales como salud, educación y agua potable, por lo que la discusión es, en esencia, una sobre la sostenibilidad territorial del país. Mientras el proyecto avanza sin resolver estos vacíos, Asocapitales insiste en que el Congreso debe garantizar que la reforma no se convierta en una carga económica para las regiones sin el respaldo fiscal necesario.
