La Superintendencia de Sociedades tiene la facultad legal de intervenir empresas en Colombia mediante tres niveles de supervisión —inspección, vigilancia y control—, y lo más relevante es que estas acciones pueden iniciarse incluso sin que exista una irregularidad comprobada, según explicó Daniel Pardo, experto de Scola Abogados, en un análisis publicado por Revista Semana. La entidad puede actuar de forma preventiva, solicitar información o abrir seguimientos por iniciativa propia o tras denuncias de terceros como socios, empleados, acreedores o entidades públicas, lo que significa que muchas compañías están expuestas a un escrutinio más amplio del que imaginan.
El nivel más básico es la inspección, que permite requerir datos sin necesidad de que haya una anomalía demostrada. La vigilancia, en cambio, implica un monitoreo permanente y se aplica cuando la empresa supera ciertos umbrales de activos o ingresos medidos en UVT, o cuando se detectan irregularidades en el manejo administrativo, financiero o societario. Quienes caen bajo vigilancia deben presentar estados financieros certificados, pagar contribuciones y solicitar autorizaciones para reformas societarias. El control, la medida más estricta y discrecional, se activa ante problemas críticos de naturaleza jurídica, financiera o administrativa, y puede llevar incluso a la intervención total de la compañía.
Un panorama de insolvencia que preocupa
El contexto de estas facultades cobra relevancia al observar que el año pasado más de mil organizaciones solicitaron procesos de insolvencia empresarial, según cifras de la propia Superintendencia de Sociedades. Aunque el artículo no precisa el valor exacto de los umbrales en UVT para la vigilancia, la entidad ha reforzado sus mecanismos en materia de insolvencia, protección de acreedores y cumplimiento de obligaciones corporativas en los últimos años. La vigilancia aplica principalmente a sociedades que no están sometidas a superintendencias especializadas como la Financiera, la de Salud o la de Economía Solidaria, lo que amplía su campo de acción sobre el tejido empresarial colombiano.
«Lo más relevante es que esta facultad no exige que exista una irregularidad comprobada»
Daniel Pardo, experto de Scola Abogados
Frente a este panorama, los expertos recomiendan que las empresas mantengan una contabilidad actualizada, cumplan con todas sus obligaciones societarias y fortalezcan sus prácticas de gobierno corporativo para evitar que la Superintendencia escale la supervisión a niveles más rigurosos. El desconocimiento de estos alcances legales, advierte Pardo, puede llevar a que muchas compañías enfrenten procesos para los que no estaban preparadas, incluso sin haber cometido irregularidad alguna.
