En una audiencia preparatoria que se extendió por casi cinco horas, el Juzgado Quinto Especializado de Bogotá resolvió parcialmente la admisibilidad de las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación contra cuatro exintegrantes de la Policía Nacional señalados de integrar la red de contrabando liderada por Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo. El juez avaló dos videos en formato DVD que muestran encuentros ilícitos, pero rechazó de tajo 34 imágenes fotográficas contenidas en un informe ejecutivo del 23 de octubre de 2023 por falta de sustento técnico y probatorio. En el banquillo de los acusados figuran los coroneles en retiro Alexander Galeano Ardila y Ricardo Orozco Baeza, conocido como El Bendecido, el mayor en retiro Mario Andrés Sarmiento Rojas y el intendente José Helí Alzate Moncayo, todos procesados por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.
Las pruebas digitales que lograron superar el filtro judicial fueron dos registros audiovisuales obtenidos por un agente encubierto de la Fiscalía, identificados como «marzo 2024 parte uno y dos». Estos videos, que documentan presuntos pagos y reuniones en locales comerciales de Cartagena para facilitar el tránsito de mercancías de contrabando, serán reproducidos en el juicio oral. Sin embargo, el juez acogió la oposición de la defensa técnica y declaró inadmisibles las 34 imágenes que la Fiscalía pretendía incorporar, al considerar que carecían de fecha cierta, origen verificable y una fundamentación probatoria sólida que demostrara su relación con los hechos investigados.
Red de contrabando y sobornos a la Polfa
El caso ‘Papá Pitufo’ indaga una estructura criminal que, según la investigación, operaba desde Bogotá y Cartagena, y que habría corrompido a altos mandos de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) a cambio de protección para el ingreso ilegal de mercancías. Durante la audiencia, la Fiscalía buscaba acreditar con las imágenes rechazadas la existencia de lugares y funcionarios vinculados al poder e influencia de la red, con alusiones a «las más altas esferas del poder», pero el juez fue contundente al señalar que no se tenía certeza de cuándo fueron tomadas esas fotografías ni se explicó por qué, por sí solas, podían demostrar la influencia de los acusados.
«No se tiene certeza de cuándo se tomaron los registros fotográficos; además, que con independencia de la libertad probatoria que gobierna el proceso penal, tampoco se fundamentó la razón por las cuales esas simples fotografías persé podrían acreditar la existencia de algunos funcionarios sobre el supuesto poder e influencia ‘para llegar hasta las más altas esferas del poder’, ni cuál es la relación del tema de debate con las personas y lugares que señaló. Una deficiente fundamentación probatoria», sostuvo el Juzgado Quinto Especializado de Bogotá.
Las pruebas que sí irán a juicio
Entre las evidencias admitidas, además de los videos, se encuentran capturas de pantalla de conversaciones sostenidas a través de la aplicación The Secret entre alias Papá Pitufo –identificado con el alias CR-Costa Rica– y otros presuntos miembros de la organización conocidos como alias El Caleño y alias Pacho, fechadas el 16 y 17 de octubre de 2023. El despacho judicial determinó que esos chats y los registros visuales serán presentados en el juicio oral mediante el testimonio del agente encubierto, quien fungirá como testigo de acreditación. La defensa de los cuatro expolicías, por su parte, logró que se excluyeran las 34 imágenes del informe ejecutivo que la Fiscalía había recopilado entre octubre de 2023 y marzo de 2024, al considerar que no se demostró su cadena de custodia ni su pertinencia probatoria.
Con este fallo, el proceso avanza hacia la etapa de juicio oral, donde se espera que los dos videos y los chats admitidos sean el eje de la acusación contra los exuniformados, quienes enfrentan penas de hasta 12 años de prisión por los delitos imputados. La investigación continúa mientras la Fiscalía evalúa si apela la decisión de inadmitir las 34 imágenes, en un caso que ha puesto bajo la lupa la presunta infiltración del contrabando en las filas de la Policía Fiscal y Aduanera.
