La Corte Constitucional de Colombia revisará el caso de Catalina Giraldo, una psicóloga bogotana de 30 años que sufre de una condición psiquiátrica grave, crónica, incurable y refractaria, y que busca acceder a la asistencia médica al suicidio (AMS). Este proceso, cuyo expediente fue asignado en 2025 a la magistrada Paola Meneses Mosquera como ponente, podría generar el primer pronunciamiento de fondo del alto tribunal sobre las barreras que enfrentan los ciudadanos para ejercer este derecho, despenalizado desde 2022 pero sin reglamentación efectiva. La solicitud formal de AMS fue presentada por Giraldo en octubre pasado, pero la EPS Sanitas la negó argumentando la falta de protocolos administrativos del Ministerio de Salud, lo que ha sumido a la paciente en un «limbo institucional».
Catalina Giraldo ha sido diagnosticada con trastorno depresivo mayor, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad, y ha soportado un calvario médico que incluye 40 esquemas farmacológicos recibidos en casi una década, tres ciclos de terapia electroconvulsiva, seis infusiones de ketamina y nueve hospitalizaciones psiquiátricas desde 2020. A pesar de estos tratamientos, su condición no ha mejorado, y ella considera que su sufrimiento psíquico es incompatible con una vida digna. La Sentencia C-164 de 2022 despenalizó la AMS en Colombia, pero el Congreso y el Ministerio de Salud no han emitido la reglamentación necesaria para su implementación, a diferencia de lo que ocurre con la eutanasia y los cuidados paliativos, que sí cuentan con protocolos definidos. La diferencia clave entre ambos procedimientos radica en que, mientras en la eutanasia el médico administra los fármacos letales, en la AMS es el paciente quien se autoadministra la dosis prescrita y proporcionada por el profesional de la salud.
Un caso que podría definir el futuro de la muerte digna
El colectivo jurídico DescLAB, que acompaña el proceso de Giraldo, sostiene que la revisión del caso por parte de la Corte Constitucional es una oportunidad para aclarar si la ausencia de reglamentación debe seguir siendo un obstáculo para acceder a la AMS. Lucas Correa, director de investigaciones de DescLAB, declaró que «la Corte tiene la oportunidad de aclarar que la prevención del suicidio sigue siendo una obligación central del Estado, pero que no agota sus deberes frente a las solicitudes de muerte digna. En ciertos casos, la respuesta constitucional debe ser garantizar una muerte segura, acompañada y protegida». Esta postura contrasta con la de la EPS Sanitas, que se escudó en la falta de reglamentación del Ministerio de Salud para denegar la solicitud de Giraldo, ignorando que los requisitos legales para acceder a la AMS ya están establecidos: padecer una lesión corporal o enfermedad grave e incurable, soportar dolores físicos o psíquicos incompatibles con la idea de vida digna, expresar una voluntad libre e informada y recibir asistencia de un médico.
«Catalina necesita una respuesta de fondo urgente. Cuando una persona sigue atrapada en un bloqueo institucional, un fallo tardío puede terminar llevándola a una muerte traumática, en lugar de la muerte segura, acompañada y protegida que desea»
DescLAB, colectivo jurídico
La magistrada Paola Meneses Mosquera deberá presentar una ponencia que aborde de fondo este dilema, y su decisión podría sentar un precedente crucial para otras personas en condiciones similares que enfrentan barreras institucionales para ejercer el derecho a una muerte digna. Mientras tanto, Catalina Giraldo continúa atrapada en un sistema que, según DescLAB, la ha condenado a un sufrimiento prolongado, y el tiempo corre en su contra: la falta de una respuesta oportuna podría llevarla a una muerte traumática, lejos del acompañamiento y la seguridad que ella misma ha solicitado. Este caso no solo pone a prueba la capacidad del Estado colombiano para garantizar los derechos fundamentales de los pacientes con enfermedades graves, sino que también obliga a una reflexión sobre los límites de la prevención del suicidio frente a las solicitudes de muerte digna, un debate que la Corte Constitucional tiene ahora en sus manos.
