Un grupo de funcionarios del Instituto Nacional de Salud (INS) denunció ante la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio del Trabajo presuntos casos de acoso laboral, afectaciones a la salud mental y omisiones en la gestión del riesgo psicosocial al interior de la entidad. Las quejas formales fueron radicadas en distintas fechas: la solicitud de vigilancia preventiva ante la Procuraduría se presentó el 13 de abril de 2026, mientras que la querella ante el Ministerio del Trabajo fue interpuesta el 12 de mayo de 2026, según la comunicación enviada a medios de comunicación el 27 de mayo de 2026. Los denunciantes, que no se identificaron individualmente, señalaron que el clima organizacional se ha deteriorado y que las conductas atribuidas a la administración han generado un ambiente de temor y revictimización entre los trabajadores.
La Procuraduría General de la Nación, a través de la Delegada Preventiva y de Control de Gestión Segunda para la Vigilancia de la Función Pública, ordenó el inicio de una vigilancia preventiva de carácter «inmediato y prioritario» y anunció que el proceso se adelantará «desde una perspectiva de género, con relación a la situación de presunto acoso laboral en el Instituto Nacional de Salud». En el marco de esta actuación, el ente de control requirió al INS y a su Comité de Convivencia Laboral la remisión de soportes e informes sobre las medidas adoptadas para enfrentar el acoso laboral. Paralelamente, la Asociación Sindical de Trabajadores y Empleados de Colombia (Asintracs) radicó una querella ante el Ministerio del Trabajo por presuntas omisiones en la gestión del riesgo psicosocial y por prácticas de revictimización institucional.
Diez quejas formales y temor a represalias
Los funcionarios afectados presentaron diez quejas formales por presunto acoso laboral, aunque advirtieron que varios de sus compañeros no se sumaron a la denuncia «por temor a posibles represalias laborales, afectaciones en sus condiciones de trabajo o escenarios de revictimización». En su comunicación, los denunciantes aseguraron que la administración encabezada por la directora general del INS «supedita la adopción de medidas preventivas a la existencia de sanciones disciplinarias ejecutoriadas», lo que a su juicio deja en la indefensión a quienes reportan conductas de acoso. Aclararon que su objetivo no es desprestigiar a la entidad, sino promover una discusión seria sobre las condiciones laborales y la salud mental de los trabajadores del INS, considerado la principal autoridad técnica en salud pública del país.
«Supedita la adopción de medidas preventivas a la existencia de sanciones disciplinarias ejecutoriadas»
Funcionarios denunciantes
El caso se encuentra en etapa de revisión por parte de las autoridades competentes, que deberán verificar los hechos y determinar si el INS ha adoptado las medidas necesarias para garantizar un ambiente laboral sano. La vigilancia preventiva de la Procuraduría se fundamenta en las Leyes 1010 de 2006 y 1257 de 2008, así como en la Circular 003 de 2024 del mismo organismo. Mientras tanto, los denunciantes adjuntaron a su comunicación todos los documentos y actuaciones administrativas que respaldan sus afirmaciones, a la espera de que se establezcan responsabilidades y se corrija lo que consideran una omisión sistemática en la gestión del riesgo psicosocial.
