En las últimas horas, un audio atribuido a alias Indio Jiménez, cabecilla de la subestructura Franco Benavides de las disidencias de las Farc que operan bajo el mando de alias Iván Mordisco, ha encendido las alarmas en el departamento de Nariño. En el mensaje, difundido a través de teléfonos celulares entre campesinos de los municipios de Policarpa y Taminango, se exige la presentación del certificado electoral como requisito indispensable para la movilidad dentro del territorio durante las elecciones presidenciales del domingo 31 de mayo de 2026. La advertencia incluye una clara restricción: quienes no acrediten su voto no podrán ingresar a los centros poblados, sin que se acepten excusas como falta de dinero o tiempo.
En el audio, cuya autoría fue identificada por fuentes militares, se escucha una voz que se dirige a los presidentes de las juntas de acción comunal y a la comunidad en general: “Hola, mi señor, muy buenos días, ¿Cómo me le va? Una cosita, para recordarle a los presidentes y a la comunidad en general para que nos colabore enviando esta información a los comuneros, que para el tema de movilidad dentro del territorio se va a exigir el certificado electoral, sí, como se venía diciendo, y por medio de eso viene el tema de la carnetización también”. El mismo interlocutor insiste en que la medida ya se había anunciado con antelación y que no se admitirán pretextos: “para que usted me colabore enviando esa información a los demás presidentes, a las comuneras, para que tengan presente, que no vengan (a decir) que no tengo pa’l pasaje, que no me quedó tiempo, no, eso es algo que se vino hablando desde hace mucho rato”. Como única excepción, el audio menciona que los ciudadanos venezolanos no están obligados a cumplir con esta exigencia.
Presión electoral y carnetización en zonas rurales
La intimidación no se limita al control del certificado. En el corregimiento de Charguayaco, en Taminango, se denunció además un proceso de carnetización de los habitantes para obligarlos a votar por un candidato específico, una práctica que grupos armados han aplicado en años recientes en regiones como Valle del Cauca, Cauca, Meta, Antioquia y Guaviare como mecanismo de vigilancia y control poblacional. La magistrada Carol Huertas Estrada, del Tribunal de Garantías Electorales de Nariño, confirmó que la denuncia fue presentada ante las autoridades y advirtió que “se presentó esa denuncia ante las autoridades, es un delito electoral el constreñimiento al elector, las autoridades están en disposición para evitar que esto suceda”.
Sin embargo, las declaraciones oficiales han generado una controversia. La Gobernación de Nariño emitió un comunicado en el que asegura que “las entidades responsables de la seguridad y organización electoral informaron que no existen denuncias formales ni elementos verificados que permitan confirmar las versiones difundidas sobre presuntas presiones a la ciudadanía para participar en la jornada electoral en el Municipio de Policarpa”. En el mismo sentido se pronunció el secretario de Gobierno departamental, Fredy Andrés Gómez, quien señaló que “la Fiscalía adelanta las averiguaciones correspondientes, pero hasta el momento no se ha generado ninguna situación que permita elevar una alerta o dar veracidad a los audios y mensajes que han circulado”.
“La Fuerza Pública se encuentra desplegada en cada uno de los sectores brindando seguridad para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto con tranquilidad”.
Coronel Billy Ferney Lizcano, comandante del Departamento de Policía Nariño
Pese a la negativa oficial de confirmar los hechos, el audio —revelado por la revista Semana— ha sido suficiente para movilizar a las autoridades electorales y militares. El coronel Billy Ferney Lizcano, comandante del Departamento de Policía Nariño, afirmó que la fuerza pública está desplegada en todos los sectores para garantizar la tranquilidad de los votantes. No se descarta, además, el traslado de mesas de votación en algunas veredas si las condiciones de seguridad así lo exigen. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos y veedurías electorales hacen un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier intento de coacción, en una jornada que, desde antes de iniciar, ya muestra las huellas del conflicto armado que persiste en el suroccidente colombiano.
