La Alianza Pública para el Desarrollo Integral (Aldesarrollo), una organización descentralizada sin ánimo de lucro, emitió un comunicado oficial en rechazo a las acusaciones que la señalan como un supuesto «contratadero», defendiendo la legalidad de sus contratos y convenios que ascienden a más de 150.000 millones de pesos con entidades del Gobierno nacional. La organización, que se define como una entidad pública integrada por instituciones de educación superior estatales y otras entidades, respondió así a una investigación periodística de La Silla Vacía que reveló millonarios convenios con Prosperidad Social, la Unidad para las Víctimas y el Ministerio de Minas y Energía.
En su pronunciamiento, Aldesarrollo calificó de «estigmatizaciones» los señalamientos que circulan en medio del debate público cercano a las elecciones de 2026, asegurando que estas denuncias impactan gravemente su reputación institucional. La entidad afirmó que su modelo de operación, que recibe recursos públicos mediante convenios directos y subcontrata bajo reglas de derecho privado, se ajusta estrictamente a la ley. «Jamás, bajo ninguna circunstancia, esta institución ha violado ni omitido el cumplimiento de la normativa legal vigente que rige la contratación pública en Colombia», sostiene el comunicado.
Defensa de la transparencia
Frente a los cuestionamientos sobre el uso de los millonarios recursos, la organización detalló que estos se destinan a programas de economía popular, fortalecimiento de proyectos productivos, dotaciones comunitarias y atención social para comunidades vulnerables. «Cada convenio y contrato suscrito por la entidad responde estrictamente a necesidades reales del Estado y se ejecuta bajo la rigurosa observancia de los principios de transparencia, eficiencia, idoneidad y estricta legalidad», se lee en el documento oficial. Aldesarrollo enfatizó que su fin primordial es aportar soluciones de alto impacto para transformar la calidad de vida de las poblaciones más necesitadas del país.
«Este tipo de estigmatizaciones impacta de forma grave la reputación institucional construida con base en el esfuerzo técnico y la transparencia, desnaturalizando el rol de una entidad pública cuyo fin primordial es aportar soluciones de alto impacto que transformen la calidad de vida de las comunidades más vulnerables de nuestro país.»
Aldesarrollo, Comunicado oficial
La organización concluyó su pronunciamiento ratificando su compromiso con el correcto ejercicio de la función administrativa y mostrándose abierta a cualquier escrutinio. «Tenemos total disposición para atender cualquier requerimiento de las autoridades competentes, con la absoluta certeza de que nuestras actuaciones siempre se han ajustado al derecho», señaló, dejando claro que no existen sanciones que le impidan contratar con el Estado. El debate sobre el papel de estas entidades en la contratación pública sigue abierto, mientras Aldesarrollo defiende su accionar y la legalidad de sus operaciones.
