La Confederación Sindical Internacional (CSI) publicó la edición 2026 de su Índice Global de los Derechos, un informe que evalúa las condiciones laborales en 151 países y que, por segundo año consecutivo, sitúa a Colombia en el peor escalafón posible. Con una calificación de 5 sobre 5, el país se mantiene en la categoría de «derechos no garantizados», lo que lo convierte en uno de los diez territorios más hostiles del mundo para la clase trabajadora. El informe, elaborado con base en los indicadores y convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señala que en Colombia persisten violaciones graves como asesinatos de líderes sindicales, impedimentos a la negociación colectiva y una represión sistemática contra las organizaciones de trabajadores. De acuerdo con el Dane, la población ocupada en el país asciende a 24,3 millones de personas, todas ellas expuestas a un entorno donde el derecho a la asociación sindical es, en la práctica, inexistente.
La evaluación global de la CSI es contundente al afirmar que los países que integran el grupo 5, como Colombia, “son los peores países del mundo para trabajar”. El organismo internacional subrayó que, si bien la legislación puede enumerar ciertos derechos, los trabajadores carecen efectivamente de acceso a ellos. En el caso colombiano, la CSI denunció la negativa sistemática de los empleadores a negociar convenios colectivos y las enormes dificultades que enfrentan los sindicatos para lograr su registro legal. El informe también recuerda que esta situación no es nueva, pues el país ya aparecía en la misma categoría en 2025, y destaca como un caso emblemático el asesinato de Walberto Quintero Medina, vicepresidente de la Junta Directiva de la CUT en el César y miembro del Comité Ejecutivo de Sinaltrainal, ocurrido el 28 de abril de 2025 en Valledupar. Este hecho evidencia la violencia que continúa siendo una herramienta de persecución contra el sindicalismo en el país.
Una crisis regional que se profundiza
América Latina fue calificada por la CSI como «la región más mortífera para los trabajadores y sus representantes», y los datos del índice reflejan una realidad alarmante. El 88% de los países de la región han vulnerado el derecho de huelga, el 92% impide el registro legal de sindicatos y el 53% ha realizado detenciones arbitrarias de trabajadores. En este contexto, Colombia comparte la categoría de mayor riesgo con Argentina, Panamá y Ecuador. Argentina y Panamá aparecen por primera vez en el nivel 5, sumándose a Colombia y Ecuador que ya figuraban en ediciones anteriores. El informe atribuye el descenso argentino a las políticas del gobierno de Javier Milei, que incluyen reformas legales y un protocolo de seguridad para dispersar protestas. En Panamá, la caída se debe a amenazas de disolución de sindicatos, detención de líderes y represión de huelgas. Ecuador, por su parte, es señalado por una ley de 2025 que autoriza la vigilancia estatal sin orden judicial contra sindicalistas. La única excepción positiva en la región es Uruguay, que se mantiene en la categoría 1, donde solo se registran «violaciones esporádicas».
«La crisis de los derechos de los trabajadores ya no se limita a unos pocos países: ahora se encuentra en el centro de las democracias. Los gobiernos ya no protegen a los trabajadores y, en algunos casos, contribuyen a debilitar sus derechos»
Luc Triangle, secretario general de la CSI
La CSI inició la elaboración de este índice en 2014, y desde entonces ha documentado un deterioro progresivo de las garantías laborales a nivel global. El informe de 2026 no solo ratifica la crítica situación de Colombia, sino que advierte que la tendencia se ha agravado en varias democracias del mundo. La organización sindical internacional fue enfática al señalar que Colombia es uno de los países donde “no solo no se garantiza el derecho a asociarse, sino que está en la penosa lista donde se han asesinado líderes sindicales”. Con esta nueva publicación, el mensaje para el gobierno colombiano es claro: mientras no se frene la violencia contra los trabajadores y se garantice el ejercicio pleno de sus derechos, el país seguirá ocupando los últimos lugares en el ranking global de la dignidad laboral.
