La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a la alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda Rivera, junto a tres funcionarios y exfuncionarios de la administración municipal y al contratista Ernesto Alfonso Quiroga, por presuntas irregularidades en un contrato de suministro de alimentos para los animales del Centro de Atención y Protección Animal (CAPA) suscrito en junio de 2024. La audiencia de imputación se realizó el 1 de junio de 2026 ante la Fiscalía Seccional Tolima, donde se señaló a los procesados por delitos como interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
De acuerdo con la investigación adelantada con apoyo del Grupo Anticorrupción de la DIJIN, la empresa que resultó adjudicataria del contrato no contaba con experiencia en el suministro de alimentos para animales, ya que su actividad principal era la prestación de servicios de aseo a entidades públicas. La Fiscalía también encontró que los estudios previos habrían sido alterados después de la contratación y que no se garantizó la pluralidad de oferentes, elementos que configuran un presunto direccionamiento del proceso en beneficio del contratista Quiroga. Los sobrecostos estimados ascienden a cerca de 34,9 millones de pesos.
Las irregularidades señaladas por la Fiscalía
La hipótesis fiscal sostiene que funcionarios del municipio tenían conocimiento de la falta de idoneidad de la empresa para ejecutar el objeto contractual, pero aun así el proceso continuó. Se habrían modificado los estudios previos después de la adjudicación, y la alcaldesa Aranda Rivera habría delegado el ordenamiento del gasto, con instrucciones para que el contrato se otorgara a esa empresa. El contratista Quiroga, por su parte, habría participado en la ejecución y se habría beneficiado del proceso, según la investigación.
Ninguno de los procesados aceptó los cargos imputados durante la audiencia. La Fiscalía no solicitó medidas de aseguramiento, por lo que la alcaldesa continúa en el ejercicio de sus funciones mientras avanza el proceso judicial, bajo la presunción de inocencia que rige en esta etapa.
