La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, radicó la solicitud de audiencia de imputación de cargos contra José Antonio Salazar Ramírez, quien se desempeñó como secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores. El exfuncionario es señalado por su presunta responsabilidad en la reactivación y adjudicación de la licitación de pasaportes, un proceso contractual cuyo valor asciende a cerca de medio billón de pesos. Los delitos que se le imputan son prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público.
De acuerdo con la investigación, Salazar Ramírez habría expedido tres resoluciones en febrero de 2024 con las que revocó la decisión que había tomado el entonces canciller Álvaro Leyva Durán de declarar desierta la licitación 01 de 2023. Con esos actos administrativos, el exsecretario general restableció el proceso licitatorio y, finalmente, entregó el contrato a la única empresa que se había postulado. La Fiscalía sostiene que estas decisiones se tomaron de manera irregular, lo que configura los delitos que ahora se le endilgan.
Investigación en curso
El caso, que se encuentra en manos de la Dirección Especializada contra la Corrupción, avanza con la solicitud de imputación como un paso clave dentro del proceso penal. La noticia se conoce cuando el escándalo por la contratación de pasaportes sigue generando repercusión pública, al tratarse de un alto exfuncionario de la Cancillería involucrado en presuntos actos de corrupción. Por el momento, se espera la programación de la audiencia ante un juez de control de garantías.
«Restableció el proceso licitatorio y entregó el contrato a la única empresa postulante»
Fiscalía General de la Nación
La licitación 01 de 2023 había sido declarada desierta por el entonces canciller Álvaro Leyva, pero las resoluciones de febrero de 2024, firmadas por Salazar Ramírez, revirtieron esa decisión y dieron vía libre a la adjudicación directa. El monto del contrato, cercano al medio billón de pesos, lo convierte en uno de los más cuantiosos del sector. La investigación continúa en desarrollo y se espera que en las próximas semanas se definan las etapas procesales del exsecretario general. El caso ha puesto en el centro del debate la transparencia en los procesos de contratación del Estado colombiano.
