En un operativo coordinado entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, fue capturada en el municipio de El Espinal (Tolima) la madre de la bebé Mía Ramírez, de seis meses de edad, quien habría fallecido en circunstancias que configuran una presunta comisión por omisión por parte de su progenitora. La orden judicial se cumplió el pasado 3 de junio de 2026, tras el deceso de la menor ocurrido el 27 de mayo de ese mismo año en una clínica de Ibagué, a donde fue remitida desde el Hospital San Rafael de El Espinal en condiciones críticas de salud.
De acuerdo con la información recaudada por las autoridades, la niña presentaba signos de violencia y posibles rastros de abuso sexual, además de enfermedades que habrían sido producto del descuido de los adultos a cargo de su custodia. La investigación señala que la madre habría omitido los deberes de cuidado y protección que la ley impone, lo que habría contribuido directamente al fatal desenlace. La Fiscalía la sindica como presunta responsable del delito de homicidio agravado en modalidad de comisión por omisión con dolo eventual, un tipo penal que se configura cuando una persona, teniendo la obligación legal de actuar para evitar un resultado lesivo, no lo hace, asumiendo las consecuencias como propias.
Imputación formal y medidas cautelares en curso
Tras su captura, la acusada será puesta a disposición de un juez de control de garantías, en audiencia donde se le imputarán formalmente los cargos. Será el despacho judicial el que determine, tras escuchar los argumentos de la Fiscalía y la defensa, si se decreta medida de aseguramiento en centro carcelario o si se opta por una medida menos restrictiva mientras avanza la investigación. Este proceso marca el primer avance judicial relevante en un caso que ha conmocionado a la región, pues apenas se empiezan a esclarecer las circunstancias exactas de la muerte de la pequeña Mía y se indaga si existen otros responsables en su entorno familiar o social.
La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado oficial en el que califica la muerte de la menor como “dolorosa, indignante y materializa una grave vulneración de los derechos de la infancia”. En el mismo documento, el ente de control subraya que “los derechos de la infancia prevalecen y deben orientar toda actuación institucional”, al tiempo que exige acelerar los procesos investigativos y fortalecer las rutas de atención para menores que se encuentren en situación de riesgo. La Defensoría anunció que hará seguimiento al avance de las investigaciones y a la implementación de medidas de protección para la familia de la víctima, y recordó a la ciudadanía la importancia de denunciar cualquier señal de abuso contra la población vulnerable.
