La disputa ya llegó a los museos y a la educación. Antes de elegir bando, conviene saber qué se está decidiendo, quién lo decide y con qué razones
Por RICARDO GALÁN
En las redes sociales, la política suele llegar en forma de alarma: “están borrando la historia”, “quieren adoctrinar a nuestros hijos”, “esto es comunismo”, “esto es censura”.
Cada frase pide una reacción inmediata. Compartir, indignarse, atacar al contrario. Pero si respondemos antes de entender qué ocurrió, terminamos haciendo parte de la batalla sin saber qué defendemos.
La batalla cultural no es una metáfora lejana. En Colombia ya se juega en lugares concretos: un museo, un salón de clase, una política pública, una exposición, una palabra.
El presidente Abelardo de la Espriella ha llamado a enfrentar el “wokismo” y a librar una batalla cultural. Días después, más de treinta piezas fueron retiradas de salas del Museo Nacional. Entre ellas había objetos relacionados con movimientos feministas y LGBTIQ+, la violencia política, la Séptima Papeleta y el acuerdo de paz de 2016.
El Gobierno sostiene que los museos no deben promover una doctrina política ni presentar a los guerrilleros como héroes.
Quienes cuestionan el retiro advierten que sacar esas piezas puede borrar memorias y voces de la historia nacional.
Son argumentos distintos y deben examinarse.
Lo que no puede perderse de vista es el procedimiento: según La Silla Vacía no hubo un proceso curatorial previo para desmontarlas. Un juez ordenó conservarlas y pidió explicaciones sobre quién tomó la decisión y con qué fundamento. Es una medida provisional que no resuelve el fondo del debate.
La discusión también llegó a las aulas. El Ministerio de Educación pide derogar la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026–2035, adoptada por varios ministerios el 10 de julio.
La ministra expuso reparos sobre las competencias legales para fijar obligaciones curriculares, la autonomía escolar, el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos y la financiación de las medidas, según El Colombiano.
La política incluye objetivos como prevenir violencias sexuales y de género, mejorar el acceso a servicios de salud y llevar algunos contenidos a los procesos educativos.
La solicitud de derogación no significa que la política haya sido derogada.
Aquí aparecen dos visiones. Una pone el acento en ampliar derechos, reconocer a grupos históricamente excluidos y evitar que el Estado oculte episodios incómodos. La otra defiende la libertad de las familias, la tradición, la religión y la prevención de lo que considera adoctrinamiento estatal.
No todos los ciudadanos caben exactamente en uno de esos dos grupos, ni cada argumento es automáticamente verdadero por venir de un sector.
La pregunta no es solo quién tiene razón. También hay que preguntar quién tiene el poder de convertir su interpretación en una decisión pública.
Un gobierno puede cambiar políticas, contenidos y prioridades; por eso debe explicar sus actos, publicar sus criterios y someterlos a controles.
Una crítica puede denunciar censura o adoctrinamiento; por eso debe mostrar qué decisión concreta vulnera derechos y con qué pruebas.
No hay museo, colegio o política pública completamente ajenos a los valores de una sociedad. Pero sí debe haber reglas para que ninguna administración imponga su versión como la única posible.
En un museo importan la investigación, el criterio curatorial, la pluralidad de voces y la explicación de por qué una pieza entra, sale o cambia de lugar.
En educación importan la ley, la evidencia pedagógica, la edad de los estudiantes, la participación de las familias y la garantía de derechos. Si una decisión se toma sin esos elementos, la sospecha de imposición crece, venga de la izquierda o de la derecha.
Las redes sociales premian el mensaje que despierta miedo o rabia y reducen un debate complejo a una elección entre buenos y malos.
Así, uno puede terminar defendiendo una decisión que no ha leído o condenando una política cuyo contenido desconoce.
La indignación se vuelve identidad y la identidad reemplaza la comprobación.
Antes de compartir una denuncia o tomar partido, hagamos unas preguntas sencillas:
- ¿Qué decisión se tomó y quién la tomó?
- ¿Cuál es su fundamento escrito?
- ¿Qué pruebas respaldan la amenaza que se anuncia?
- ¿A quién afecta?
- ¿Hubo un procedimiento transparente?
- ¿Qué controles existen?
- ¿Qué respondería alguien razonable que piensa distinto?
No son preguntas para aplazar el juicio ni para fingir neutralidad. Son preguntas para que el juicio sea nuestro.
La batalla cultural quiere que escojamos bando primero y revisemos los hechos después.
La democracia exige hacerlo al revés: entender qué está en juego, verificar los argumentos y solo entonces decidir qué vale la pena defender.
