El Gobierno Nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, expidió el pasado 1 de junio de 2026 el Decreto 0552, una norma que establece lineamientos jurídicos obligatorios para que todas las empresas que operan en Colombia protejan, respeten y reparen los derechos humanos en el desarrollo de sus actividades. La medida, impulsada por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, encabezada por Lourdes Castro García, crea además el Comité Técnico Especializado como órgano de coordinación interinstitucional, con el objetivo de articular la gobernanza estatal frente a los impactos negativos de la actividad empresarial.
El decreto, que aplica tanto a nivel nacional como territorial, obliga a las entidades de la Rama Ejecutiva a identificar, prevenir, mitigar y reparar los efectos adversos sobre los derechos humanos generados por empresas públicas y privadas. Como parte de su implementación, las entidades deberán conformar un grupo interno de trabajo en un plazo de tres meses y contar con seis meses posteriores a la adopción del Plan de Acción y Seguimiento para iniciar la aplicación efectiva de las medidas en todo el ámbito estatal. El Comité Técnico Especializado, adscrito a la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y DIH y presidido por la Consejería, sesionará al menos una vez cada tres meses y deberá presentar un informe anual de avances durante el primer trimestre de cada año.
Primera regulación nacional sobre empresas y derechos humanos
Se trata de la primera regulación en Colombia enfocada exclusivamente en la relación entre el sector empresarial y los derechos humanos. La norma se fundamenta en la Constitución Política, que consagra un Estado social de derecho y la función social de la empresa, así como en tratados internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, las Líneas Directrices de la OCDE y el Acuerdo de Escazú. También recoge recomendaciones del Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, en un esfuerzo por responder a la necesidad de superar respuestas fragmentadas frente a los impactos de la actividad empresarial.
«A través del decreto 0552 del 1 de junio de 2026, el Gobierno nacional estableció los lineamientos para la protección, respeto y reparación de los Derechos Humanos en contextos empresariales y crea una instancia para la gobernanza de esta agenda», señaló la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos.
La norma da directrices claras a las entidades de gobierno sobre cómo desarrollar instrumentos sectoriales para aplicar ese enfoque de derechos humanos en el desarrollo de actividades empresariales, según indicó la misma Consejería. Con esta regulación, la protección y garantía de los derechos humanos pasan a ocupar el centro de la gestión empresarial y la acción estatal, integrando siete enfoques diferenciales obligatorios: basado en derechos humanos, territorial, étnico, campesino, de género, de niñez y adolescencia, y ambiental.
El Comité Técnico Especializado estará integrado por los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores, Justicia, Trabajo, Ambiente, Tecnologías y Comercio, así como por entidades técnicas como el Departamento Nacional de Planeación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General, la Contraloría, la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Como invitados permanentes participarán la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), la academia y organizaciones sociales. Entre sus funciones están formular el Plan de Acción, articular políticas, hacer seguimiento, proponer medidas de reparación y promover formación y sensibilización en derechos humanos.
«La norma da directrices claras a las entidades de gobierno sobre cómo desarrollar instrumentos sectoriales para la aplicación de ese enfoque de Derechos Humanos en el desarrollo de actividades empresariales», precisó la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos.
El decreto aplica a empresas públicas, a la contratación estatal y a regiones vulnerables o afectadas por el conflicto armado, en el marco de la Ley 418 de 1997. En materia de reparación, establece el fortalecimiento de las vías judiciales y extrajudiciales, garantizando el acceso a la justicia y la reparación integral con medidas de no repetición. Con esta iniciativa, el Gobierno busca que los derechos humanos no sean un aspecto secundario en la actividad empresarial, sino un eje transversal de la gestión pública y privada en todo el territorio nacional.
