La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a la exdirectora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (Ipcc), Carmen Lucy Espinosa Díaz, por las irregularidades detectadas en un contrato de prestación de servicios suscrito por 55 millones de pesos con la actriz y exreina de belleza Yeimy Paola Vargas Gómez. Espinosa Díaz, quien no aceptó los cargos, es señalada por los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento privado, en un caso que ha puesto bajo la lupa la gestión del máximo organismo cultural de la ciudad.
El contrato, firmado en marzo de 2025 y liquidado anticipadamente en agosto del mismo año, habría sido el escenario de un presunto fraude documental. Según la investigación, adelantada por la Seccional Bolívar de la Fiscalía, Vargas Gómez presentó un título técnico en actuación y teatro que, al parecer, sería falso —con inconsistencias como tipografía diferente y sin registro en las bases oficiales de la supuesta institución educativa de Bucaramanga— para obtener una mejor clasificación salarial. Como directora del Ipcc, Espinosa Díaz habría tenido conocimiento de esta irregularidad al momento de suscribir el contrato, lo que llevó a la afectación del patrimonio público.
Devolución del dinero no cierra el proceso penal
La artista Yeimy Paola Vargas ya había sido judicializada el pasado 30 de mayo de 2025 en Cartagena por su presunta responsabilidad en la presentación de documentación falsa. De acuerdo con la información recabada, Vargas recibió un beneficio económico de 8 millones 647 mil 500 pesos, suma que posteriormente reintegró. Sin embargo, especialistas consultados por El Tiempo señalaron que «la devolución de estos recursos no implica el cierre de la investigación penal, ya que la acción judicial se mantiene vigente cuando existen indicios de falsedad documental o afectación al patrimonio público».
Ante la opinión pública, la actriz se pronunció a través de redes sociales con un mensaje críptico pero contundente: «Aunque intenten dañarme, mi esencia y mi trabajo hablan por mí». Mientras tanto, la investigación también apunta a Jovanny Bustos Cortés, contratista del Ipcc, por presunta colaboración en las irregularidades que rodearon el proceso de contratación.
Un caso que sacude al sector cultural cartagenero
El caso involucra a la máxima autoridad del ente cultural de Cartagena y ha generado un fuerte impacto en la ciudad, donde la transparencia en la gestión pública es un tema sensible. La Fiscalía continúa recopilando pruebas para determinar el alcance de las responsabilidades penales, mientras que la exdirectora Espinosa Díaz, tras no aceptar los cargos, enfrentará un proceso judicial que promete mantener la atención pública en los próximos meses. El patrimonio cultural de Cartagena, mientras tanto, queda en el centro de un debate sobre el uso de los recursos destinados a la promoción de las artes y la cultura.
