La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia absolvió a Alejandro Sánchez Murillo y Sandra Milena Camacho, la pareja que había sido condenada por agredir al ciudadano británico Nicholas Mark Alridge. El alto tribunal determinó que los hechos ocurrieron en el marco de una legítima defensa, tras considerar que los acusados respondieron a una agresión verbal previa calificada como un “fenómeno sistemático de discriminación y violencia” por parte del extranjero. La decisión, emitida el pasado 20 de mayo, revocó las condenas impuestas en instancias anteriores y, además, ordenó que se investigue al ciudadano británico.
Los hechos se remontan a enero de 2018, cuando dentro de un conjunto residencial en Bogotá se presentó un altercado que derivó en una agresión física contra Alridge. La pareja fue inicialmente condenada por el delito de lesiones personales a una pena de dos meses de cárcel por parte de un Juzgado de Bogotá, decisión que fue confirmada en 2021 por el Tribunal Superior de la misma ciudad. Sin embargo, la defensa de Sánchez Murillo y Camacho interpuso un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema, que finalmente les dio la razón.
Los fundamentos de la Corte
Al estudiar el caso, la Sala de Casación Penal identificó errores en la valoración probatoria realizada por las instancias previas. Según el fallo, los jueces desconocieron la agresión verbal previa que Alridge habría iniciado en contra de la pareja, así como la necesidad de defensa y la ausencia de provocación por parte de los ahora absueltos. Para la Corte, la conducta del ciudadano británico constituyó un patrón de discriminación y violencia que justificó la reacción de Sánchez Murillo y Camacho. En consecuencia, revocó las condenas y declaró que actuaron en legítima defensa.
Contexto y repercusiones
La decisión del máximo tribunal penal no solo deja sin efecto la condena inicial, sino que también abre una nueva línea de investigación en contra de Nicholas Mark Alridge. La Corte ordenó a las autoridades competentes indagar la posible responsabilidad del extranjero por los actos de discriminación y violencia verbal que, según el expediente, desencadenaron el incidente. El caso se convierte en un precedente sobre la valoración de la legítima defensa en contextos de violencia sistemática, y reafirma la obligación de los jueces de analizar de manera integral las circunstancias previas a una agresión física.
