La defensa del candidato presidencial Abelardo de la Espriella radicó un escrito ante la Procuraduría General de la Nación solicitando la apertura de una investigación disciplinaria y la suspensión provisional del ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez. La petición, presentada el 5 de junio de 2026 y dirigida al procurador general Gregorio Eljach Pacheco, argumenta que el alto funcionario incurrió en una conducta prohibida para servidores públicos: participación en política. El origen del caso son las declaraciones del ministro Sánchez sobre la viabilidad de una propuesta de seguridad formulada por el aspirante presidencial.
De acuerdo con el abogado defensor Germán Calderón España, cuando el ministro de Defensa “hace vaticinios sobre el cumplimiento o no de una de las propuestas del candidato Abelardo de la Espriella, la relacionada con la seguridad”, está incurriendo en una participación en política “abierta y flagrante”. La defensa citó los numerales 1 y 3 del artículo 277 de la Constitución Política, así como la Ley 1952 de 2019, en particular los artículos 60 y 211, que tipifican la falta disciplinaria y establecen el procedimiento para la investigación.
Las declaraciones que desataron la controversia
Durante una reunión de alto nivel sobre paz electoral realizada en la Procuraduría, donde se revisaba el Plan Democracia para garantizar condiciones de seguridad y transparencia de cara a los comicios, el ministro Sánchez se pronunció sobre la propuesta de De la Espriella, que contempla la captura o neutralización de al menos diez grandes cabecillas de organizaciones criminales en los primeros 90 días de gobierno. “Le doy mi perspectiva como ministro de Defensa sin referirme a un candidato. Es imposible, esa propuesta la veo totalmente inconcebible, no porque no se pueda afectar la amenaza o derrotar el narcotráfico, sino que no se puede hacer en tan poco tiempo”, afirmó Sánchez. Agregó que “la punta del iceberg son los grupos criminales, pero lo que yace debajo son las economías ilegales como el narcotráfico que le dan una capacidad de recuperación y crecimiento criminal”.
“Cuando el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, hace vaticinios sobre el cumplimiento o no de una de las propuestas del candidato Abelardo de la Espriella, la relacionada con la seguridad, en la que ha sostenido el candidato que restablecerá la seguridad en los primeros noventa días después de posesionado como presidente de la República, está incurriendo el ministro en una participación en política abierta y flagrante”.
Germán Calderón España, abogado de Abelardo de la Espriella
La defensa del candidato consideró que esas declaraciones constituyen una intervención directa en el debate político-electoral, prohibida por la ley para los servidores públicos. En el escrito se solicita de manera urgente que el procurador general ejerza la potestad disciplinaria y suspenda provisionalmente al ministro. “Por eso le solicito respetuosa, pero urgentemente, al señor procurador general de la Nación, al doctor Gregorio Eljach, que inicie una investigación en forma inmediata, que ejerza la potestad disciplinaria y que defienda el interés general y el ordenamiento jurídico, como así lo ordena la Constitución Política de Colombia y suspenda provisionalmente a este ministro por participar en política, situación o conducta que está prohibida por la ley”, expresó Calderón.
El plan de seguridad de De la Espriella
La propuesta de Abelardo de la Espriella incluye un plan de choque denominado “mano dura”, que contempla la emisión de decretos y operaciones especiales para recuperar el control territorial en un plazo de 90 días. El candidato ha sostenido que restablecerá la seguridad en ese período una vez posesionado como presidente. Sin embargo, el ministro Sánchez calificó esa promesa como “imposible” y “totalmente inconcebible”, argumentando que las economías ilegales, especialmente el narcotráfico, otorgan a los grupos criminales una capacidad de recuperación que impide resultados tan rápidos.
Ahora la Procuraduría deberá evaluar los argumentos de la defensa y determinar si las declaraciones del ministro constituyen una falta disciplinaria por participación en política. De abrirse la investigación, el caso podría derivar en la suspensión temporal de Sánchez, un alto funcionario del Gobierno nacional, lo que añadiría tensión al escenario electoral en curso. El procurador Gregorio Eljach tiene en sus manos la decisión de iniciar el proceso o archivar la denuncia, en un episodio que pone sobre la mesa los límites de la actuación de los servidores públicos en el debate político.
