En una audiencia clave ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el brigadier general retirado Francisco José Ardila Uribe, excomandante de la Séptima Brigada del Ejército entre 2006 y 2007, reconoció que el sistema de incentivos basado en cuotas de bajas y su propia falta de controles como comandante facilitaron los asesinatos y desapariciones forzadas conocidos como falsos positivos en el departamento del Meta. Ardila, quien tuvo bajo su jurisdicción al Batallón de Infantería No. 21 Pantano de Vargas y al Gaula Meta, admitió omisiones en los controles operacionales, la supervisión y el seguimiento a investigaciones internas, lo que permitió que unidades bajo su mando cometieran crímenes presentados como bajas legítimas en combate. El oficial ignoró señales de alerta, no cuestionó informes operacionales falsos, no ejerció controles sobre inteligencia y operaciones, y no dio importancia a advertencias de organizaciones de derechos humanos.
Ardila explicó que existía un sistema de evaluación que priorizaba las muertes en combate sobre otros resultados militares como capturas o desmovilizaciones, con incentivos que incluían permisos, condecoraciones y viajes. La Cuarta División del Ejército fijaba objetivos centrados en el número de muertes en combate, que luego se trasladaban a los batallones subordinados, generando presión para alcanzar metas impuestas desde los altos mandos. Reconoció también la existencia de mecanismos de planeación, ejecución y encubrimiento para reportar asesinatos como operaciones legítimas, y admitió que no realizó un seguimiento detallado a las investigaciones internas frente a denuncias de abusos. “(El modelo de incentivos) favoreció una cultura institucional que priorizaba las muertes en combate por encima de otros resultados militares como capturas o desmovilizaciones”, declaró ante la JEP.
Un reconocimiento que se suma a 27 exmilitares
La declaración de Ardila se suma a la de otros 27 exintegrantes del Ejército que han reconocido su responsabilidad ante la JEP por 209 falsos positivos y 69 desapariciones forzadas ocurridas en el Meta, dentro del Caso 03 que investiga estos crímenes por parte de la Fuerza Pública en el conflicto armado colombiano. Las unidades bajo el mando de Ardila estuvieron involucradas en dos de los tres patrones macrocriminales identificados por la JEP en este caso, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentados falsamente como bajas en combate. El Meta es uno de los capítulos más graves de este fenómeno. Este reconocimiento de responsabilidad de un alto oficial retirado sobre el sistema de incentivos y la falta de controles que permitieron crímenes sistemáticos representa un paso significativo en el proceso de verdad y justicia sobre los falsos positivos en Colombia.
«(El modelo de incentivos) favoreció una cultura institucional que priorizaba las muertes en combate por encima de otros resultados militares como capturas o desmovilizaciones.»
Francisco José Ardila Uribe, brigadier general retirado, excomandante de la Séptima Brigada
Con esta audiencia, la JEP avanza en la construcción de verdad sobre uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano, donde la presión por resultados impuesta por los altos mandos y la falta de controles internos derivaron en la muerte y desaparición de cientos de civiles que fueron presentados como guerrilleros caídos en combate. La admisión de Ardila abre la puerta a que se esclarezcan más hechos y se determine la responsabilidad de otros oficiales que participaron en la cadena de mando que permitió estos crímenes.
