A un año del atentado que dejó gravemente herido al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el 7 de junio de 2025, su posterior fallecimiento, ocurrido el 11 de agosto del mismo año, continúa siendo investigado por la Fiscalía colombiana bajo la figura de homicidio agravado. Sin embargo, tanto el ente acusador como la representación de la familia de la víctima, encabezada por el abogado Víctor Mosquera, han solicitado que el caso sea reclasificado como crimen de lesa humanidad, un debate jurídico que aún no se ha resuelto formalmente y que enfrenta posturas encontradas entre especialistas en derecho penal.
Según la investigación, el atentado ocurrió durante un acto público en Bogotá y la estructura armada Segunda Marquetalia ha sido señalada como la presunta responsable del magnicidio. La Fiscalía sostiene que el asesinato de Uribe Turbay tuvo motivaciones políticas claras, pues buscaba afectar el funcionamiento de la democracia colombiana y enviar un mensaje de intimidación a un sector político específico, en el marco de un escenario electoral. No obstante, el abogado experto en derecho penal Joseph Rodríguez, citado por Teleantioquia, ha advertido que la información conocida hasta ahora no reúne las condiciones establecidas en el Estatuto de Roma para ser catalogado como crimen de lesa humanidad, ya que este requiere que el acto sea parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, y no un hecho aislado por más grave que sea.
El debate jurídico entre magnicidio y lesa humanidad
La petición de la Fiscalía y la familia para que el homicidio de Miguel Uribe Turbay sea reconocido como crimen de lesa humanidad ha reabierto el debate sobre la tipificación de este tipo de asesinatos políticos en Colombia. Especialistas citados por el mismo medio han señalado que el caso no debe confundirse con magnicidios históricos como los de Jorge Eliécer Gaitán, Luis Carlos Galán o Carlos Pizarro Leongómez, ocurridos en contextos de violencia política más amplios y que sí fueron parte de ataques sistemáticos contra la población civil. Mientras tanto, el proceso judicial continúa bajo los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir, y la figura de «magnicidio» no existe como delito autónomo en el Código Penal colombiano, aunque se usa simbólicamente para referirse a asesinatos de figuras políticas de alto impacto. A un año del atentado, la declaratoria de crimen de lesa humanidad sigue sin formalizarse, mientras la Segunda Marquetalia permanece señalada como la estructura que habría promovido el crimen para incidir en el escenario político y electoral.
