A un año del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en la madrugada del 11 de agosto en Bogotá durante un evento político, la Fiscalía ha revelado que el origen del crimen se encuentra en una sentencia judicial de 2009. Según la fiscal delegada Deicy Jaramillo Rivera, en ese fallo del 18 de septiembre de 2009, el juez y la Corte dejaron plasmado que las Farc habían declarado como objetivo militar a la familia Turbay, una decisión que ahora cobra vigencia con la reaparición de alias Iván Márquez, condenado en aquella ocasión y hoy líder de la disidencia Segunda Marquetalia.
La investigación ha logrado reconstruir una línea de tiempo que ubica los seguimientos al senador entre enero y abril del año previo al atentado, utilizando pruebas técnicas de geolocalización que permitieron ubicar a los implicados en reuniones clave y zonas de preparación del ataque. La fiscal Jaramillo explicó que el crimen se enmarca en la estrategia de desestabilización de la Segunda Marquetalia, señalando que «en el desarrollo de esa desestabilización del país es que precisamente se presenta este atentado». La funcionaria también destacó que el senador era una persona estudiada, sin investigaciones penales y con un proyecto de país que representaba credibilidad en las instituciones, lo que lo convertía en un obstáculo para los grupos armados.
Avances judiciales y amenazas al equipo investigador
El proceso judicial ha vinculado a 17 personas, de las cuales nueve se encuentran privadas de la libertad. Hasta el momento, se han emitido cuatro sentencias condenatorias y varios preacuerdos están en trámite. Sin embargo, la investigación no ha estado exenta de riesgos: el equipo investigador recibió amenazas que obligaron a fortalecer la seguridad y cambiar la estrategia investigativa. La fiscal Jaramillo reveló que llegaron advertencias como «lo vamos a quitar del camino», «no investiguen tanto» o «ya sabemos quiénes son y que tienen familia», lo que evidencia la presión ejercida sobre quienes buscan esclarecer el magnicidio.
«En esa sentencia del 18 de septiembre de 2009, el juez y la Corte dejaron plasmado que las Farc habían declarado objetivo a la familia Turbay»
Deicy Jaramillo Rivera, fiscal delegada
María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, ha sostenido que el crimen responde a que el senador era visto como un obstáculo por grupos armados y narcotraficantes, más allá de su apellido. «Definitivamente los criminales no querían tener a Miguel en el poder», afirmó Tarazona, quien también vinculó el atentado con las mesas de la llamada «paz total» del gobierno de Gustavo Petro, donde se habría mencionado el nombre de Uribe. La viuda señaló que la Fiscalía está tratando de recopilar las actas de esas reuniones, en las que participaba alias el Zarco Aldinever, para determinar qué se dijo sobre su esposo.
«Esto tiene que ver con un tema mucho más de la persona que era Miguel que por su apellido»
María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay
No obstante, Tarazona reconoció que «la guerrilla, sobre todo las Farc, siempre ha mostrado un odio profundo por quienes lleven el apellido Turbay», aunque descartó que ese sea el móvil principal. La viuda basó sus conclusiones no solo en la investigación de la Fiscalía, sino también en el deterioro de la seguridad en el país y el crecimiento del narcotráfico, factores que, a su juicio, crearon el ambiente propicio para que se consumara el magnicidio de quien era una de las figuras políticas más prometedoras de la oposición.
