La Fiscalía General de la Nación radicó formalmente el pasado 9 de junio de 2026 el escrito de acusación contra Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol en licencia, por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico de influencias de servidor público. La decisión, anunciada por la Dirección Especializada contra la Corrupción, señala que Roa habría ejercido presiones indebidas para favorecer al coronel retirado de la Policía, Juan Guillermo Mancera, con contratos dentro del Grupo Ecopetrol, en el marco de la compra de un lujoso apartamento valuado en 1.800 millones de pesos, ubicado en el norte de Bogotá.
La investigación, que lleva ya varios meses de desarrollo, se originó tras detectar una serie de transacciones y pagos que vinculan a Innova Mercadeo y Logística Ltda., empresa de Mancera, con Princeton International Holdings Ltd., el vendedor del inmueble. De acuerdo con la Fiscalía, Roa habría influido para que Mancera obtuviera contratos dentro de la petrolera estatal, a cambio de su intermediación en la compra del apartamento. La defensa de Roa, liderada por el abogado Juan David León, ha sostenido en todo momento que la transacción fue legal y se realizó con recursos propios y créditos bancarios, negando cualquier relación de Mancera con la compra.
La imputación del delito se había realizado el pasado 11 de marzo de 2026, y ahora, con la radicación del escrito de acusación, el caso avanza hacia la etapa de juicio. La Fiscalía informó que la diligencia de formalización de la acusación se realizará luego de que se surta el reparto aleatorio en los juzgados penales de conocimiento y en la fecha que fije la Judicatura. Este es un paso clave en el proceso, que pone a Roa en el centro de un escándalo que suma a las investigaciones previas por presunta violación de topes electorales durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, de la cual Roa fue su gerente.
Las cifras que rodean el caso
El expediente revela movimientos financieros millonarios que han llamado la atención de las autoridades. La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) documentó que en las cuentas personales de Ricardo Roa durante la campaña de 2022 se registraron movimientos por un total de 58.323 millones de pesos, una cifra que supera en 7.000 millones lo reportado oficialmente. El total declarado por la consulta interpartidista y la campaña presidencial fue de 50.340 millones de pesos. La Uiaf advirtió, sin embargo, que no fue posible determinar si esos recursos correspondían a ingresos laborales, honorarios o servicios, dejando un velo de incertidumbre sobre el origen y destino final de los montos.
Los reportes bancarios detallan que una cuenta de ahorros de Roa en Confiar, en Medellín, terminada en 057, recibió dos transferencias por 11.406 millones de pesos entre febrero y marzo de 2022, y quedó completamente vacía en abril de ese mismo año. “Desconozco la cuenta terminada en 057”, afirmó el abogado Juan David León en la primera comunicación sobre el hallazgo. Una segunda cuenta en la misma entidad, abierta en abril de 2022, registró movimientos por 31.388 millones de pesos, mientras que una tercera, creada el 1 de junio de ese año, recibió 11.754 millones entre junio y julio, para luego quedar inactiva desde agosto. Estos movimientos concentran un flujo total de 54.550 millones de pesos en esas tres cuentas de Confiar, a los que se suman 3.397 millones de pesos recibidos en una cuenta de Bancolombia y 376 millones más en cuentas de Davivienda.
Las pruebas y la defensa
La Fiscalía también ha recopilado evidencia documental clave presentada por Princeton International Holding, que entregó una lista de pagos y transacciones en efectivo que vinculan a Innova Mercadeo y Logística Ltda. con movimientos realizados entre el 7 de marzo de 2023 y el 23 de febrero de 2024. Entre el 16 y el 19 de septiembre de 2025, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) inspeccionaron las oficinas de Mancera en Ibagué y Bogotá, recogiendo material que apunta a la estrecha relación entre los pagos y la transacción inmobiliaria.
“La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, radicó escrito de acusación contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, como presunto responsable del delito de tráfico de influencias de servidor público”
Fiscalía General de la Nación
La defensa de Roa, mientras tanto, mantiene su estrategia de negar los señalamientos y asegura que el proceso demostrará la legalidad de la compra del apartamento y la ausencia de cualquier influencia indebida. Sin embargo, las cifras y los testimonios recogidos por la Fiscalía apuntan a un entramado de transacciones que, según el ente acusador, evidencian cómo se habría utilizado el poder del cargo para beneficiar a un particular. El caso, que involucra a altos funcionarios del Estado y a empresas vinculadas al gobierno, seguirá su curso judicial en las próximas semanas, con la expectativa de que se fije la fecha para la audiencia de acusación formal.
